Los casos de Marín y Garbín nada tienen que ver con delitos de “corrupción política” o de “gravedad social” a los que alude Cospedal para apartar cargos de un Gobierno El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, confirmó ayer la noticia que avanzó el domingo MELILLA HOY y señaló que la toma de posesión como presidente será mañana miércoles 15 de julio. Un acto que contará con la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Imbroda también ha declarado que el lunes 20 tomarán posesión los consejeros y viceconsejeros que formarán parte de su nuevo Gobierno.
Con estos datos, se han despejado las dudas de las fechas sobre los actos de juramento o promesa pero, salvo el nombre de su consejera de Presidencia y vicepresidenta segunda del Gobierno, Paz Velázquez, fruto del pacto entre PP y PPL, del resto de personas que se sentarán cada viernes en la mesa del Consejo de Gobierno, no ha desvelado ninguna identidad más. Por tanto nos queda una semana en la que los rumores, especulaciones y quinielas sobre próximos futuros consejeros y viceconsejeros estarán al orden del día.
Lo que ya es público es que dos diputados del grupo parlamentario popular, como son Miguel Marín y María Antonia Garbín, –además del caso de Catalina Muriel que ha anunciado que no repetirá por motivos personales- no estarán entre esos nombres, tras el pacto entre las formaciones de Juan José Imbroda e Ignacio Velázquez. Todo ello después de la exigencia del PPL de vetar la presencia de procesados en el Consejo de Gobierno, aunque sean por cuestiones administrativas y estén recurridas, y por tanto pendientes aún de confirmación de dichos procesamientos.
El PPL no se ha cansado de repetir que ellos en el pacto no han pedido otra cosa que no sea lo que exige el PP nacional. Sin embargo, no hay que remontarse lejos para saber que desde Génova 13 no opinan así precisamente. Basta con ir a la última Conferencia Política celebrada este pasado fin de semana en Madrid, en la que la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, dio los supuestos en los que no deberían apartarse a políticos de responsabilidades y en ninguno de ellos están los que afectan a Miguel Marín y María Antonia Garbín. Su intervención literal sobre este tema decía así: "Precisamente por eso, y como un objetivo de nuestro partido aún más profundo, hemos de idear la fórmula de compromiso escrito y registrado, junto a la declaración de bienes de todos nuestros candidatos, de abandonar el cargo o puesto en caso de apertura de juicio oral, por un delito de corrupción política o de gravedad social". "De todos estos temas -añade el discurso de Cospedal- y de muchos más que supongan apertura y cercanía del partido con nuestros militantes y con la sociedad española vamos a debatir en esta Conferencia". Unos debates que concluyeron y los que queda de manifiesto que los casos de presunta prevaricación administrativa, por una presunta contratación irregular de un arquitecto en un caso y de un abogado en otro, nada tienen que ver con delitos de corrupción política o de gravedad social a los que alude la número dos del PP nacional. Por ello, aunque la Dirección Nacional de los populares no ha puesto objeciones a que Marín y Garbín fueran en las listas del PP y tampoco lo habrían puesto a que formaran parte del Ejecutivo autonómico, la exigencia del PPL lo va a impedir. Es la forma que tiene el partido de Velázquez de justificar el pacto con el PP. Son, en definitiva, los "cabeza de turco" elegidos para poder alcanzar el acuerdo de gobernabilidad e integración firmado por PP-PPL. Es injusto, pero la política es así. Se adoptan decisiones que no gustan pero que se hacen por un interés general mayor. El propio Imbroda ha admitido que le ha dolido tomar esta decisión pero también ha destacado que no va a prescindir de dos de sus pesos pesados como demuestra el hecho de que serán portavoces del grupo parlamentario popular y, cuando sean absueltos, como es su absoluta confianza, los recuperará para la primera línea política.
