Pero la falsa idea, extendida y comunista idea (practicada por derechas e izquierdas) de que todo lo que proviene de lo público es bueno y justo mientras que lo privado está teñido de sospecha, una idea que en Melilla, una ciudad en la que casi todo el mundo es funcionario o empleado en la administración pública y, si no lo es ya, aspira a serlo pronto, hace casi imposible que se produzca el imprescindible cambio.
Agosto es tradicionalmente en España un mes de vacaciones y este año un calor tórrido ha acentuado ese clima de dulce dejadez vacacional, apenas despabilado por ese político catalán de nombre Artur Mas, que marcha, con prisa y sin pausa, hasta la catástrofe final. La suya, a la que no se le ve escapatoria alguna, probablemente se la merece, pero el daño que está haciendo a la mayoría de los catalanes en particular y al resto de los españoles en general no creo que nos lo merezcamos. Mas ha llevado hasta el extremo la burda táctica de los malos políticos, y buenos dictadores, de focalizar su acción, o su pasividad, en la lucha contra un enemigo exterior, España en su caso, intentando hacer olvidar todos los problemas que su corrupción y la de su partido, su ineptitud y su mala política han traído a su pueblo.
Volvía yo el martes pasado en coche desde Gijón, adonde había ido acompañando a mi nieto mayor en un torneo de tenis y a ver de nuevo la bella estatua de Don Pelayo, hasta Madrid. Al abandonar Asturias y entrar en León me sorprendió un gran cartel pintado a mano que decía: Bienvenidos al País Leonés. El País Leonés, el País Catalán (como dice Guardiola, al que ahora los alemanes ya no le quieren), el País de Alcornoque de Arriba (peleado con el de Abajo), el País de Melilla, y así, hasta remontarnos al 12 de julio de 1873, cuando se produjo en Cartagena una rebelión cantonal contra el gobierno central español, rebelión que terminó pocos meses después, en enero de 1874, cuando las tropas del general López Domínguez entraron, a sangre y fuego, en la ciudad. A algunos andaluces, quizás a muchos, no les gusta que "les mande Sevilla". A los de Gijón que lo haga Oviedo. A los de León, Valladolid. A los de Vigo, Santiago. A los de Tarragona, Barcelona. A los de Cartagena, Murcia (o viceversa). O, si queremos descender aún más, hasta el cantón, a los de Marbella les gustaría independizarse de Málaga, a los de Béjar de Salamanca y así hasta el infinito del territorio español.
¿Es todo eso serio? Pretendemos ser, en un mundo cada vez más global, más interdependiente, un país de infinitos países (antes comunidades autónomas, o regiones, o provincias, o cantones, o ayuntamientos) independientes entre sí. Todo esto parece una broma, una broma pesada, eso sí, y en algunos casos, como en el catalán de Mas, una broma que puede acabar en tragedia.
Artur Mas lleva mucho tiempo tomando el pelo a la mayoría de los catalanes y a la inmensa mayoría del resto de los españoles. Promete cosas que sabe que no puede cumplir, como la permanencia de Cataluña en la Unión Europea una vez "independizada" de España. O como un "país" en el que todo sea felicidad, lo que no deja de ser una utopía, algo irrealizable, no sólo en Cataluña, sino en cualquier lugar del mundo. Y se mofa del gobierno español, creyendo que no va a hacer nada, que no se va a atrever a hacer algo, más allá del recurso a los tribunales de justicia, cuya autoridad, ya lo ha dicho Mas (como lo repiten los etarras desde hace muchos años) no reconoce el presidente catalán. El presidente de la Autonomía de Cataluña, nombrado por España y máximo representante allí del Gobierno español, no oculta, sino que presume, que el 27 de septiembre "formalmente" va a haber unas elecciones autonómicas en Cataluña, pero "realmente" lo que va a suceder es que se votará sobre la independencia y que, cada vez se acerca más a eso, pase lo que pase en las votaciones del próximo mes él va a declarar la independencia de su "país".
Lo que ocurriría entonces es que el Parlamento de Cataluña dejaría de ser una institución legal, puesto que habría renunciado a la función que la Constitución le otorga, o sea, habría abandonado la legalidad española, y lógicamente sus miembros deberían dejar de ser considerados como administradores españoles allí. No estamos pues, y como dice Mas, ante una cuestión de forma y fondo, sino ante un asunto de legalidad y rebelión, que como tal, en mi opinión inevitablemente, habrá de ser tratado
Mariano Rajoy declara, persistentemente, que nadie va a romper España "de ninguna manera" y que lo del 27 de septiembre son unas elecciones autonómicas "para que nadie se llame a engaño y juegue con la voluntad de la gente". Pero parece poco probable, quizás imposible, que Mas le haga caso, porque el camino de locura que ha iniciado y mantenido es el único que le puede sostener en el poder catalán. Me parece que sólo quitándoselo, con la aplicación de la Constitución, tendría fin este monumental despropósito que Mas protagoniza y que está haciendo un inmenso daño a España entera, y a los catalanes en primer lugar.
En Melilla, con el calor de récord que padecemos, terminadas ya las elecciones locales y logrado, al menos en apariencia, un cierto tono de estabilidad política, se ha vuelto a hablar, sin demasiada virulencia, del grave problema del paro que padecemos. Jerónimo Pérez, longevo secretario general de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), pide, con acierto y sin estridencia alguna (tal y como es costumbre) que "no se produzcan retrasos desde la Administración", retrasos de todo tipo (en los pagos, en las tramitaciones, etc) que dañan a las pymes y las pone en el trance de "desaparecer". Gloria Rojas, presidenta de la Gestora del PSME (ya va siendo hora de que los socialistas locales normalicen una situación de interinidad que ya va siendo demasiado larga), insiste en la necesidad, que es indudable, de "un nuevo modelo económico", porque nunca han funcionado las políticas de empleo en Melilla. "No podemos conformarnos con que todas las políticas de empleo empiecen y acaben en los Planes de Empleo", añade Rojas, diciendo, en este caso, lo mismo que yo he repetido en numerosas ocasiones, aunque su receta para lograr ese ansiado nuevo modelo económico melillense se base en "recuperar inversiones estatales" y la mía, basada en el estudio y en el análisis de lo que ha pasado y sigue pasando en el mundo, se orientaría a atraer inversiones privadas, que terminan siendo mucho más eficaces.
Pero la falsa idea, extendida y comunista idea (practicada por derechas e izquierdas) de que todo lo que proviene de lo público es bueno y justo mientras que lo privado está teñido de sospecha, una idea que en Melilla, una ciudad en la que casi todo el mundo es funcionario o empleado en la administración pública y, si no lo es ya, aspira a serlo pronto, hace casi imposible que se produzca el imprescindible cambio. Así que habrá que empezar, forzados por la patente necesidad, a cambiar la mentalidad general (una especie de rebelión ciudadana pacífica dentro de la legalidad, no como la de Artur Mas, pero firme) para que el tal cambio tenga opciones de producirse. En eso estamos.
