Los nueve diputados que no acudieron al Pleno de la moción de censura, alegando que por no haber sido convocado nuevamente tras la convocatoria realizada por Enrique Palacios, debía considerarse ilegal, habían formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (TSJA), un recurso contencioso administrativo en el que pedían que se anularan las consecuencias del Pleno, o lo que era lo mismo, la proclamación de Juan José Imbroda como nuevo presidente de la Ciudad Autónoma. Los firmantes del recurso argumentaban que se les privó de su derecho a participar en la sesión, al no haber sido convocados formalmente, seguros según el gilista José María Benítez Melul, que de haber asistido, el voto en torno a la moción de cesura no habría sido mayoritario.
