El gobierno local contestaba a las críticas de la oposición, calificando de "disparates" las acusaciones vertidas por el portavoz del GIL y acusaba en concreto, a Benítez Melul, de ser el único responsable de la extinción del GIL en esta ciudad. Por su parte, el portavoz de UPM, Daniel Conesa, anunciaba que el presidente Juan José Imbroda había dado instrucciones a su abogado para presentar una querella criminal contra Melul, por las manifestaciones en las que acusaba al nuevo ejecutivo de favorecer los dutty free para beneficiar a alguien cercano a la primera autoridad local.
Medio centenar de argelinos aproximadamente se concentraron durante medio hora en la plaza de España para denunciar que no estaban albergados en el CETI, porque se encontraba al completo de su capacidad.
