La lectura del auto deja la duda de si todos estos meses de investigación judicial sobre las "devoluciones en caliente" se podrían haber ahorrado de haberse tenido en cuenta lo que el propio magistrado reconoce, y es que no se iba a poder contar con el testimonio de los inmigrantes entregados a Marruecos. Esa es la clave para que puedan ser considerados los perjudicados de todo este embrollo judicial provocado por una serie de ONG's, alguna con intereses nada claros y versiones muy contradictorias que la instancia judicial ha creído, sin embargo, a pies juntillas El auto con el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla cierra el mediático caso de las "devoluciones en caliente" no ha dejado contento a nadie. Ni a las ONG's que actuaban como acusación particular, porque sus esfuerzos no han llegado al destino deseado, ni tampoco al entorno de la Guardia Civil, como han mostrado sus diferentes asociaciones, porque este archivo es provisional y el auto deja la puerta abierta a que el caso pueda reabrirse si en un futuro llegaran nuevas pruebas. Tampoco ha gustado en el seno de la Benemérita este auto, aunque levante la imputación que han tenido como un enorme lastre los 8 guardias civiles afectados, porque se les acusa muy directamente de no haber realizado su trabajo correctamente y conforme a la legalidad. "Los indicios de delito siguen existiendo", dice textualmente el auto judicial, en el que no se menciona en ningún momento la violencia con la que se desarrolló aquel intento de salto masivo a la valla del 15 de octubre de 2014.
Es necesario recordar cómo aquel día, la Guardia Civil requisó decenas de garfios que los inmigrantes llevaban para sortear la malla antitrepa que les estaba impidiendo saltar la valla con tanta facilidad como hasta mediados del año pasado. Unos garfios con los que algunos inmigrantes, como el camerunés del vídeo de Prodein, emplearon como armas amenazantes contra los guardias civiles. También fueron intervenidos palos, cuerdas y hasta una especie de anclas artesanales que llevaban algunos de los 150 subsaharianos que se quedaron encaramados a la valla. Varios se resistieron de tal manera a las órdenes de los agentes de la autoridad, que no tuvieron reparo incluso en amenazarlos con contagiarles el Ébola, que en aquella época hay que recordar que era un tema candente que causaba enorme preocupación en España. Es preciso tener en cuenta cómo algunos de aquellos inmigrantes pretendían intimidar a los guardias civiles tocándoles con su sangre y orinando a escasos centímetros de ellos en aquellas horas sobre la valla. Y también cómo en un momento dado, un inmigrante tiró desde lo alto de la valla a un sargento del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil que intentaba auxiliar al grupo de "sin papeles".
Nada de esto se menciona en el auto firmado por el juez Emilio Lamo de Espinosa, que resulta decepcionante por no valorar toda la situación en su conjunto a la hora de comprobar si hubo o no trato degradante y lesiones. Pero es que además, la lectura del auto deja abierta la duda de si todos estos meses de investigación judicial sobre las "devoluciones en caliente" eran necesarios o se podrían haber ahorrado de haberse tenido en cuenta desde un principio lo que el propio magistrado reconoce, y es que no se iba a poder contar con el testimonio de los inmigrantes entregados a Marruecos. Esa es la clave para que puedan ser considerados los perjudicados de todo este embrollo judicial provocado por una serie de ONG's, alguna con intereses nada claros y versiones muy contradictorias que la instancia judicial ha creído, sin embargo, a pies juntillas.
Con todos estos ingredientes, parece lógico preguntarse si era necesario todo lo que hemos tenido que presenciar en los últimos 12 meses, con el daño, las dudas y la presión que eso ha supuesto para un Cuerpo que sólo estaba cumpliendo con su obligación de proteger nuestras fronteras frente a aquellos que pretendían, literalmente, saltarse las normas.
