En declaraciones a MELILLA HOY, Sofía Haro manifestó, durante la tarde, que ya se estaba apuntalando la casa para comenzar con el derribo de la misma. La afectada habló acerca de la situación de su familia, del comienzo de sus problemas y de la indiferencia que, desde su punto de vista, mantiene la Ciudad Autónoma respecto a su caso. Ha contado con el apoyo de familiares y amigos cercanos, pero cree que muy poca gente se ha movilizado y ha tomado conciencia de su problema. También denunció la situación crítica de su familia: “Nos piden que paguemos una multa de entre 35.000 y 40.000 euros (por los trabajos de demolición) mientras nos dejan en la calle”, que añadir a otros 33.000 euros que ya abonaron en su tiempo por haber realizado la construcción ilegal.
Sofía Haro manifestó que ha intentado hablar con varias personas del Ayuntamiento, “pero hoy tenían comisiones y no ha sido posible que me atendiesen. Además, en este momento, la gran mayoría de los concejales está de vacaciones”.
La inquilina indicó que, hasta el momento, no ha tenido ninguna posibilidad de hablar con nadie, aunque reconoció que la semana pasada trató de contar su situación al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda: “Lo vi en una cafetería y hablé con él para explicarle mi situación, pero me respondió que la cuestión no dependía de él, sino del poder judicial. Posteriormente, fui a los juzgados para ver mi caso, y me dijeron todo lo contrario: que el asunto era cosa de la Ciudad Autónoma”.
Haro afirmó que las autoridades y los juzgados “se pasan la bola el uno al otro y no se preocupan por nada”. La afectada dijo que “hasta ahora nos habían llegado notificaciones judiciales muchas veces, puesto que llevamos muchos años lidiando con este procedimiento. Dijeron varias veces que iban a entrar, pero nunca hicieron acto de presencia. Hasta el lunes pasado, cuando, a través de una conversación telefónica, nos enteramos de que habían llamado a nuestra casa. Explicamos que en ese momento estábamos fuera, y nos dijeron que, si no hacíamos acto de presencia, tirarían la puerta abajo”.
Haro explicó que, ante la gravedad de la situación, su marido tuvo que desplazarse desde Málaga de forma urgente. La afectada explicó todo el proceso que les ha llevado a esta situación: “Empezamos a edificar al ver cómo muchos vecinos de la primera fase habían construido edificaciones similares”. La inquilina manifestó que se les dijo que “no pasaba nada, ya que la parte de arriba de la vivienda era de uso relativo del propietario. Sabíamos que era ilegal, pero como todos los demás lo habían hecho, empezamos con la construcción del ático”.
La afectada, por otro lado, afirmó que, pese a que se les comunicó que había una denuncia por parte de la comunidad de vecinos, “esa denuncia no existe, es falsa. La Ciudad Autónoma, posteriormente, consideró el terreno ilegal y, desde 2008, estamos liados con papeles, notificaciones, juicios y demás”.
Sofía Haro incidió en la existencia de viviendas construidas de forma ilegal por toda la ciudad: “Melilla tiene muchas zonas y barrios enteros construidos ilegalmente. Casas matas, áticos… toda ella está montada de forma ilegal. No hay más que darse una vuelta por cualquier barrio de Melilla para comprobar que hay muchos áticos en la misma situación”.
La inquilina no ve posible ningún tipo de solución o de acuerdo que implique compensación económica para su familia, sino todo lo contrario: “Nos piden que paguemos una multa de entre 35.000 y 40.000 euros acreditativos de la vivienda, y todo esto, cuando nos dejan en la calle a mí y a mis tres hijas”.
Haro constató que la situación de su familia es muy crítica: “El derribo es inminente y, ante la poca ayuda que nos han prestado, no merece la pena mover más hilos ni hacer más cosas, ya que no parece haber solución a mi problema”, afirmó.
Por último, la afectada indicó que “si actualmente no hay solución para esto es porque la Ciudad Autónoma no quiere que la haya, ya que fueron los primeros con los que hablé”.
