El Pleno de la Asamblea aprobó ayer, únicamente con los votos a favor de Partido Popular (PP) y Populares en Libertad (PPL), un expediente de reconocimiento extrajudicial de deudas con proveedores por algo menos de 2,1 millones de euros. En concreto, la Administración debe abonar un total de 689 facturas pendientes a proveedores por obras y servicios prestados desde el año 2009. PSOE y Ciudadanos se abstuvieron, mientras que Coalición por Melilla votó en contra. Los votos del Partido Popular (PP) y de Populares en Libertad (PPL) sirvieron ayer para aprobar en la Asamblea un expediente de reconocimiento extrajudicial de deudas con proveedores por valor de algo menos de dos millones cien mil euros. El Grupo Coalición por Melilla (CPM) votó en contra, mientras que el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos (C´s) se abstuvieron. Además, la formación cepemista pidió dejar el asunto sobre la mesa para analizar las facturas pendientes, que ascienden a 689, en la Comisión de Control que se celebrará el viernes de la semana que viene. La propuesta de CPM ha sido rechazada por el Gobierno, a pesar de contar con los votos a favor tanto de CPM, como de PSOE y de C´s.
El portavoz adjunto del Grupo CPM, Hassan Mohatar, dejó claro que su partido entiende que hay que pagar a los proveedores por los servicios prestados, si bien consideró que es un "mal endémico" el hecho de que todos los años aparezcan facturas que no se han pagado, algunas de las cuales tienen un "halo de sospecha" por si "ha habido algún tipo de reparo por parte del interventor" para no abonarlas y también "por la cuantía", en referencia a servicios que, "a lo mejor, tienen un coste que no deberían tener".
En opinión de Mohatar, cualquier Administración "debe moverse en la eficiencia y en la eficacia", por lo que apuntó que el expediente de reconocimiento extrajudicial que ayer se llevó a Pleno "no es lógico". Al respecto, recordó el cepemista que el Gobierno aprobó en 2013 un Registro Único de Facturas que "obligaba" a la Administración a pagar a todos los proveedores en un máximo de tres meses, algo que, en este caso, "no se ha cumplido", habida cuenta de que hay facturas incluso de 2009 y 2010.
Por su parte, el portavoz socialista Francisco Vizcaíno señaló que su Grupo entiende que los proveedores tienen que cobrar, aunque, eso sí, dijo que hay facturas que "están un poquito altas o infladas", por lo que abogó por que estas facturas pasen primero por la Comisión de Control para su estudio.
En términos parecidos se expresó el portavoz de C´s, Eduardo de Castro, que criticó que haya facturas, "independientemente de que puedan estar justificadas debidamente o no", desde el año 2009 hasta 2014. "¿Por qué ahora sí y no se hizo antes?", preguntó el diputado de C´s, que expuso que la "coartada" es el pago a proveedores. Según De Castro, "se quiebra el principio de anualidad presupuestaria", dado que el pago de estas facturas no se hizo cuando correspondía.
"Lo que se deriva de esto es una mala gestión", indicó el portavoz del Grupo C´s, que comentó que estas facturas "obedecen a unos ejercicios pretéritos".
Llegados a este punto, el portavoz del Grupo PP, Miguel Marín, hizo hincapié en la importancia de aprobar este expediente por la necesidad de pagar las facturas pendientes. "No podemos hacer que los proveedores tarden más en cobrar", afirmó Marín, que defendió la "gran gestión" hecha por el Ejecutivo. "Hablamos de menos del uno por ciento del presupuesto de la Ciudad, de forma que más del 99 por ciento se ha tramitado bien; está claro que el trabajo está bien hecho".
Daniel Conesa, consejero de Hacienda, explicó que el reconocimiento extrajudicial de crédito es un mecanismo establecido por la Ley, "además de exigido por el Tribunal de Cuentas (TCu)", para abonar facturas por obras y servicios que se han prestado de manera real y efectiva y que, por distintos motivos, no han podido imputarse al ejercicio presupuestario correspondiente.
El consejero destacó que esta situación puede producirse por aspectos diversos, desde facturas no presentadas en tiempo y forma por parte del proveedor, por extravío de facturas, por no contar con suficiente consignación crediticia para una determinada factura, o por errores en la tramitación de esa factura, entre otros.
Conesa reconoció que lo "deseable" es que no tuviera que utilizarse este mecanismo para abonar facturas. Sin embargo, "cuando se tramitan centenares de miles de documentos de pago, facturas, a lo largo del ejercicio, es casi imposible que no se puedan dar situaciones que obliguen a utilizar este mecanismo para hacer frente al pago de las facturas".
