Se crea una contradictoria situación por la que los desempleados más vulnerables, que fueron la razón por la que hace años se implantaron los planes de empleo a modo de balón de oxígeno, no pueden optar a ellos. Aumentan así, más si cabe, las posibilidades de estas familias de traspasar la línea del umbral de la pobreza o la exclusión social Los planes de empleo no suelen estar exentos de polémica. Es una lógica consecuencia ante la gran expectación que suelen crear ante el enorme y endémico problema del paro que sufre Melilla. Demasiada demanda para tan pocas plazas. La muestra más palpable es que la segunda fase de los planes de empleo, que empezará en apenas dos meses, apenas cuenta con 800 plazas. Es decir, que a pesar del esfuerzo presupuestario que tendrá que hacer el Estado, por encima de los 7,5 millones de euros, los nuevos planes ni siquiera llegarán a cubrir el 10% del problema del paro, por el que hay inscritas más de 12.400 personas en las bases de datos del SEPE en Melilla.
Esto siempre ha sido así debido a la dimensión del problema del paro que hay en Melilla. Y son tantas las familias que necesitan una solución, muchas desde hace demasiado tiempo, que son demasiadas las expectativas que se generan en torno a los planes de empleo. De ahí que nunca estén exentos de controversia, especialmente durante el proceso de selección. Antes que éste haya culminado, los nuevos planes de empleo ya han sembrado la polémica por el perjuicio que se está ocasionando a los parados más vulnerables, que son los que no tienen cualificación profesional o carecen de titulaciones que puedan allanar su camino en la búsqueda de un puesto de trabajo.
Precisamente a este sector social se le ha cerrado de golpe y sin previo aviso la puerta a poder obtener un hueco en los planes de empleo. Se crea una contradictoria situación por la que los desempleados más vulnerables, que fueron la razón por la que hace años se implantaron los planes de empleo a modo de balón de oxígeno, no pueden optar a ellos. Aumentan así, más si cabe, las posibilidades de estas familias de traspasar la línea del umbral de la pobreza o la exclusión social.
Esta podría ser la consecuencia de una delegación de gestión de los planes de empleo a la Ciudad Autónoma sin haber previsto las consecuencias que ello podría generar. La primera ha sido este veto a los parados sin cualificación, precisamente los que más necesitan de estas políticas activas de empleo, porque se rigen ahora por el convenio colectivo de la Administración local. No es lógico tampoco que se equipare a funcionarios que han ganado una plaza en un concurso de oposición con los beneficiarios de los planes de empleo, cuyos trabajos podrían equipararse a una ayuda social temporal en forma de puesto de trabajo.
Es necesario que esto cambie y que todas las partes involucradas, partidos, sindicatos y Administración, arrimen el hombro en pro del sentido común. Lo contrario podría condenar de antemano a muchas familias melillenses a la exclusión social y otros problemas que se pretenden evitar con los planes de empleo, cuya existencia se debe al generoso esfuerzo de los contribuyentes.
