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El magistrado y miembro del CGPJ, Francisco G. Martínez, reconoció las “especiales complicaciones” que sufre el Registro Civil en la ciudad

Un vocal del CGPJ cree que será en el Registro Civil de Melilla donde “más se incida” en los medios digitales

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Uno de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Gerardo Martínez Tristán, visitó ayer la ciudad con motivo de la invitación por parte del Colegio de Abogados de Melilla (Icame) a los actos realizados con motivo de su patrona, Santa Teresa de Jesús. En concreto, además de asistir al acto solemne en el Hospital del Rey, el magistrado impartió una conferencia titulada ‘De la estilográfica a la red… hacia la Justicia del S.XXI’.

El juez miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Gerardo Martínez Tristán, abordó uno de los temas en debate entre los operarios de la justicia, en concreto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pretende que a partir de enero del próximo año se trabaje con ‘papel 0’. En definitiva y en palabras del magistrado, se trata la «modernización de la justicia» a través de los medios tecnológicos. El magistrado indicó que las últimas medidas adoptadas por el Ministerio pretenden que se «produzca una mejoría y una mayor calidad», en los órganos judiciales. En concreto, a preguntas de los periodistas, apuntó que es en el Registro Civil donde las medidas se están aplicando con «mayor celeridad», como por ejemplo la inscripción desde los hospitales de los nacimientos que entró en vigor este jueves. En la misma línea, subrayó que los Registros Civiles son unas de las primeras instituciones en las que se «ahorrará» el papel al hacerse de forma telemática. Y es que a juicio del magistrado estas instituciones son «lugares muy adecuados para poner en práctica ese nuevo mundo de la era digital». Martínez aseguró conocer la problemática del Registro Civil de Melilla el cual sufre «especiales complicaciones» debido a su situación fronteriza y vicisitudes propias de la ciudad. Por ello, considera que será uno de los puntos de los que «más se incida a la hora de poner en marcha medios digitales». Respecto a la financiación que reclaman los diversos colectivos de las administraciones de justicia para la aplicación de esta ley, el magistrado apuntó que han sido varios presidentes de los tribunales autonómicos quienes le han trasmitido dicha preocupación. Sin embargo, Martínez indicó que si bien el CGPJ puede «coayudar» a los tribunales no puede poner infraestructuras de manera directa. Asimismo, manifestó que el ministro de Justicia ya ha mencionado en ocasiones que «los presupuestos de este año ya eran muy superiores que en el año anterior en esta materia, y que para el próximo año los presupuestos serán mayores». Aún así, el magistrado desconoce si serán «suficientes», pero cree que dado el contexto económico en el que la «austeridad presupuestaria impera» en la gestión de los fondos públicos «se han destinado bastantes fondos». La doble cara de la digitalización «Ponderando los riesgos y los beneficios, estos últimos son infinitamente superiores», sentenció el juez quien señaló que si bien existe «cierta parte negativa», los riesgos «no deben impedir que avancemos por la senda de la digitalización». A este respecto, en cuanto a la «digitalización» a su vez de los delitos como es el caso del terrorismo yihadista, el magistrado cree que más que las administraciones de justicia son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que deben desarrollar este tipo de herramientas que combatan dicho fenómeno. En esta línea, el juez confía en que si bien parece que «el delincuente va un paso por delante de las Fuerzas de Seguridad», en este caso considera que «la Policía y la Guardia Civil española están al día para contrarrestar esos efectos perniciosos de las tecnologías».

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Nerea de Tena Alvarez

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