El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que investiga el caso por el que dos policías nacionales han sido detenidos por un presunto delito de favorecimiento de la prostitución a un menor inmigrante, ha ordenado que sea analizado todo el material informático que ambos agentes tenían en sus casas, que ya fueron registradas el pasado 11 de octubre. Para poder practicar las diligencias de manera “rápida y eficaz”, el juez Emilio Lamo de Espinosa ha ordenado que la Policía Nacional y la Guardia Civil investiguen conjuntamente este caso intensificando la colaboración policial, encargándose la Policía del volcado y análisis de los soportes informáticos de uno de los agentes imputados y la Benemérita del otro.
La orden judicial del registro informático puede estar basada en la versión que el menor inmigrante dio en su declaración ante el juez, recogida en el auto judicial, al que ha tenido acceso MELILLA HOY. El chico, de 16 años y de origen magrebí, aseguró ante el juez haber mantenido relaciones sexuales con al menos uno de los policías a cambio de dinero, “siendo éste plenamente conocedor de que el denunciante es menor de edad y que ejercía la prostitución”. Respecto al otro agente, el menor dijo que “le ofreció mantener relaciones sexuales” con su compañero. Según el chico, fueron dos las relaciones que mantuvo con uno de los dos policías, el cual previamente “le exhibió vídeos pornográficos”. Los dos policías nacionales, que fueron detenidos en la primera quincena de octubre, no han declarado aún ante el juez Lamo de Espinosa, pero lo harán en los próximos días. Tras su detención, ambos quedaron en libertad con cargos, aunque están imputados desde el 11 de octubre porque el magistrado considera que “los hechos e indicios” que hay hasta el momento lo justifican. El auto apunta a que las diligencias tratan de dilucidar la posible existencia de hechos que “pudieran ser constitutivos de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales (delito relativo a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores), sin que se descarten otros”. Colaboración policial El magistrado considera “plenamente ajustado a derecho y a las circunstancias del caso intensificar la colaboración policial”, de modo que la Policía Nacional y la Guardia Civil están procediendo al volcado del material informático que se intervino a ambos agentes imputados en sus respectivos domicilios el pasado 11 de octubre. Todo ello en presencia del secretario judicial, que levantará acta y se encargará del precinto y desprecinto de los aparatos intervenidos. Lamo de Espinosa considera que su orden de que Policía Nacional y Guardia Civil registren los soportes informáticos cumple con los tres requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “pertinente” porque “afecta de manera directa al objeto del procedimiento”; “necesaria” porque “su resultado es influyente para la resolución de la instrucción”; y “posible” porque “es razonable y podrán ser realizadas en un corto espacio de tiempo, permitiendo dictar con brevedad la resolución legalmente procedente”. Cada cuerpo de seguridad se encargará de uno de los investigados y de las diligencias de investigación que haya sobre cada uno de ellos. Por un móvil de alta gama Como ya informó ayer MELILLA HOY, el caso se desencadenó en los primeros días de este mes, cuando la Policía Local interceptó a un menor inmigrante con un teléfono de alta gama valorado en más de 600 euros, con la sospecha de que pudiera ser robado. Sin embargo, el chico les indicó que era suyo y que se lo había regalado un policía que, junto a otro agente, le protegían y le daban dinero a cambio de favores sexuales. Esta acusación, unida a los detalles que aportó el joven inmigrante en sede judicial sobre la vivienda y cuestiones íntimas de los policías, dio lugar a la detención de ambos agentes. Al parecer, éstos reaccionaron presentando denuncia contra el menor, acusándole de haberles robado las llaves de casa, lo que podría haberle hecho saber todos esos detalles sobre ellos.
