La sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha condenado a seis años y dos meses de cárcel a Asunción Collado, abogada melillense y responsable de varias promociones de vivienda en la ciudad, por apropiación indebida de aproximadamente 220.000 euros a 23 cooperativas de la promoción "Viviendas Melilla 97", según han informado a MELILLA HOY fuentes cercanas al caso. La letrada también ha sido condenada a pagar una indemnización de medio millón de euros a las familias afectadas, una sanción de 9.000 euros y el pago de todas las costas, así como su inhabilitación durante el mismo periodo de la condena. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso durante los cinco días siguientes a la recepción del auto judicial.
Asunción Collado fue denunciada en el año 2009 por los integrantes de la 'Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Melilla 97', al acusarla de haberse quedado con los 220.000 euros que le entregaron para el pago del IPSI a la Ciudad Autónoma, tras comparar sus viviendas. El hecho de no abonar dicho impuesto local, obligatorio cada vez que se adquiere una casa de nueva construcción, provocó una deuda de 500.000 euros para todos los cooperativas debido a los recargos y multas que aplicó el Ayuntamiento durante los años sucesivos.
La conocida abogada melillense, que ha sido promotora de varias cooperativas de viviendas en la ciudad, creó una cooperativa con las casas de "Viviendas Melilla 97", que gestionaba. Así fue como los 23 propietarios de las viviendas ingresaron el dinero del IPSI a la cuenta controlada por Asunción Collado, en total 220.000, que sin embargo nunca llegaron a pagarse a la Ciudad Autónoma.
Esta decisión ha sido la que ha llevado la Audiencia Provincial a condenarla a seis años y dos meses de prisión frente a los 11 años de cárcel que pedía el Fiscal y la libre absolución solicitada por la defensa. Asunción Collado también ha sido castigada al pago de medio millón de euros de indemnización a los propietarios, justo la cantidad de la deuda generada por el impago del IPSI. También se la pena con 9.000 euros de multa, el pago de las costas generadas por el juicio, incluso las de las familias denunciantes, y su inhabilitación para gestionar inmobiliarias.
