Espero que las investigaciones de la Policía, lideradas por el actual Comisario Jefe, que me causó una magnífica impresión, conduzcan, más pronto que tarde, a la detención de los terroristas y de sus instigadores. Si estos pretendían indignarme, lo han conseguido. Si lo que intentaban es asustarme y condicionar la libertad de expresión, ni lo han logrado ni lo conseguirán jamás
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y aspirante -con todos los números para ser un aspirante fracasado- a la presidencia de nuestro país, España, en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, se acaba de meter, como en él es costumbre, en un a todas luces innecesario lío, en un embrollo del que, supongo, pretendía obtener alguna ventaja electoral y del que, me parece que, como la historia española demuestra, no va a conseguir más que rechazos masivos. Pedro Sánchez ha prometido que, si gobierna, eliminará la enseñanza de la religión en las escuelas, públicas y concertadas y también su intención de convertir a España en un estado "laico".
El problema, para Sánchez como para tantos otros políticos -Arturo Mas, por ejemplo, y por citar a un político de tendencia opuesta a la de Sánchez- es que España tiene una Constitución, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles en el año 1978, de la que se deduce, sin género de duda alguna, que nuestro país es "aconfesional", porque "ninguna confesión tendrá carácter estatal", no, como Sánchez pretende, "laico"
Atacar a los católicos, que, a diferencia de lo que sucede con alguna que otra confesión religiosa, no se defienden, es muy fácil hoy en día. No lo fue hace años, pero ahora lo es. Y el problema, para Sánchez y, como consecuencia, para las perspectivas electorales del PSOE es que, como bien decía ayer Carlos Entrena en su sabatina "Nota en libertad", la Constitución Española declara "la no injerencia pública en el ámbito religioso… un derecho que ha de respetarse por los poderes públicos, que no pueden interferir en la libre elección de colegio por los padres ni en el ideario de los colegios, bajo la presión de una posible no ayuda pública".
El problema es que no sólo para Sánchez y otros muchos políticos de izquierda (insistir una y otra vez en el lema de somos de izquierdas, somos de izquierdas y así hasta la extenuación repetitiva y el aburrimiento masivo, se está convirtiendo en un mal negocio electoral, afortunadamente, porque la inmensa mayoría de los votantes y casi todos los que prestan alguna atención a lo que los políticos dicen, que no son muchos, están/estamos ya más que hartos de esa clasificación forzada, anticuada y superada entre derechas e izquierdas), el problema, decía, es que no son sólo los políticos oficialmente de izquierdas, como Sánchez, como Pablo Iglesias, etc, los que amenazan con la presión de una "no ayuda pública" si no se hace lo que ellos quieren, sino que esa amenaza, y su cumplimiento, se produce también en políticos "de derechas", de lo que sólo se puede deducir que el uso partidista del dinero público y su distribución es un mal endémico de cualquier tipo de sociedad en la que el sector público tenga un gran peso o sea, como es el caso frecuente, casi monopolista en ciertos sectores de la actividad económica.
Melilla es un claro ejemplo de hasta qué punto de mal funcionamiento económico puede llegar la omnipresencia y omnipotencia de lo público, lo que tanto les gusta a las izquierdas… y a las derechas, aunque estas acostumbren decir lo contrario.
En una reunión de esta semana con algunos funcionarios de alto nivel de la administración pública local me aseguraban que, de seguir así la cosa pública, Melilla no pasará de junio del próximo año, porque la situación, por esas fechas, resultará ya insostenible y los ciudadanos terminarán rebelándose. La razón fundamental que esgrimían mis contertulios es que, gracias a denuncias políticas infames y sin fundamento en la inmensa mayoría de los casos, gracias a absurdas, ilegales, torpes, lamentables, investigaciones de algunos "servidores" públicos (que sólo se sirven a ellos mismos, eso sí, con el dinero de todos) y gracias a la lentitud desesperante de una Justicia que, así, se convierte en injusticia, gracias a todas esas cosas y a alguna más que no quiero ya citar, en Melilla se ha producido una nueva clase de alto funcionario local: aquel cuyo objetivo fundamental y casi único es no firmar nada, a base de poner reparos a todo e impedir que se haga algo, cualquier cosa. El resultado, inevitable, es la paralización de la ciudad y el consiguiente caos.
Por supuesto, lo que sí firman esos altos funcionarios locales son sus cuantiosas nóminas mensuales. Para eso no hay reparos, ni pegas, ni retrasos, ni caprichos, ni miedos sobrevenidos por elementos exógenos, ni preocupación alguna por si pueden cobrar, o no, el resto de los trabajadores melillenses. Por supuesto, también, que no todos los altos funcionarios de la administración pública local son como los que antes describo. Los hay, sin duda, trabajadores, honrados (el que cobra y no trabaja a mí no me parece honrado), abnegados, conscientes de que están al servicio del público, no de que el público está a su servicio. Pero estos son, desgraciadamente, cada vez menos y están, cada vez más, poco protegidos, teniendo que soportar, además, el espectáculo de ver cómo ascienden los medrosos e inútiles, como son renovados en sus altos cargos y con sus altos salarios los que así, tan ineficazmente, se portan.
¿Se puede durar mucho tiempo con esta situación y con ese tipo de comportamientos mayoritarios en áreas claves de la administración pública local y no local? Parece indudable que no y, a lo peor, resulta que tienen razón mis contertulios y que Melilla, más o menos allá por junio de 2016, estallará… si no se produce ese cambio profundo que, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es tan necesario como inevitable.
Terminé esta Carta en la noche del viernes. Pocas horas después quemaban, en la puerta de mi casa y al segundo intento, el coche de mi mujer, un incendio que pudo perfectamente ocasionar voladuras de casas colindantes y pérdidas de vidas humanas. Ocurrió pocas horas después, también, de que hubiéramos denunciado en la Jefatura Superior de Policía el primer intento de terrorismo callejero. Espero que las investigaciones de la Policía, lideradas por el actual Comisario Jefe, que me causó una magnífica impresión, conduzcan, más pronto que tarde, a la detención de los terroristas y de sus instigadores. Si estos pretendían indignarme, lo han conseguido. Si lo que intentaban es asustarme y condicionar la libertad de expresión, ni lo han logrado ni lo conseguirán jamás. Esto es un atentado repugnante que, según de donde provenga, puede ser aún más grave, y significa una vergüenza intolerable para toda Melilla. No va a quedar impune, pueden estar seguros.
