Unos 30 agentes de la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil asistieron al curso sobre 'Intervenciones policiales y el nuevo código penal', que impulsó la Confederación Española de Policías (CEP), la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) y el sindicato CSI-F. La jornada, que en un principio iba a abarcar únicamente el Código Penal a manos del abogado y pasante del Estado de la Guardia Civil, José Sebastián Bonilla Navarro, terminó abordando todas las reformas que afectan al trabajo cotidiano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que en los últimos dos años se han impulsado diversas reformas que han reforzado los derechos y funciones de detenidos y abogados. El abogado y pasante del Estado representando a los Guardias Civiles en Melilla, José Sebastián Bonilla Navarro, abordó durante la jornada de ayer los "enormes cambios legislativos" que han entrado en vigencia en los últimos dos años, durante el curso de formación continua de la Confederación Española de Policías (CEP), la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) y el sindicato CSI-F.
Bonilla explicó durante la jornada a los 30 participantes en estas jornadas de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) los nuevos derechos que tiene el detenido, así como las recientes funciones que tendrán los letrados en el momento que haya detenidos por cualquiera de los FCSE.
Según explicó Bonilla las novedades legislativas vienen dadas sobre todo por el traslado al ordenamiento jurídico español una directiva europea que da mayor "seguridad jurídica al detenido". Con esa nueva legislación que va desde la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal o la Ley Orgánica de Seguridad, se incorpora por ejemplo que de manera obligatoria, todos los escritos a los que tenga acceso el detenido deben estar en su idioma.
De esta manera, el letrado indicó que esto implica que por ejemplo en Melilla, debido a la mayor cantidad de detenidos de lengua árabe o amazigh se tengan que contratar mayor número de intérpretes.
Asimismo, a partir de ahora el bogado podrá ver "parte del atestado policial", así como, "entrevistarse con anterioridad con el detenido antes de que tome declaración". A su vez, el detenido deberá saber "en todo momento los hechos y circunstancias de su detención", y es que según indicó Bonilla antes "lo sabía de forma más elíptica". Por todo ello, el letrado y agente de la Guardia Civil considera que "el abogado ha pasado de ser un actor secundario a ser actor principal en las Comisarías y Cuarteles".
A juicio de Bonilla estos cambios legislativos "benefician" a los FCSE, debido a que "antes de ser policía, son personas y todos están sujetos al Estado de Derecho". Así, señaló que desde el punto de vista de la protección del detenido tiene una "ampliación de derechos considerable".
Atestados completos
Se acabaron los atestados con faltas de información por parte de los instructores. Según informó Bonilla todos estos cambios legislativos tienen una "contraposición", y es que el instructor de las diligencias policiales "tiene que escribir más diligencia y explicarlas de forma más clara, contundente y motivadas".
En el caso de que no se así, el letrado podrá hacer "una diligencia de oposición a la detención", debido a que antes debía esperar una disposición judicial para hacer el habeas corpus –detención ilegal–, algo que a partir de ahora dejará de ser necesario ya que podrán solicitar que detallen los hechos de la detención.
Descongestión de los juzgados
Estas modificaciones legislativas también afectarán al ámbito judicial, ya que a partir de ahora "solo se mandarán (a no ser que sean delitos contra la vida o la libertad sexual) aquellas denuncias en las que se conozca el autor material de los hecho. Así, en las que se desconozca, quedarán en archivo policial hasta que se investiguen o se resuelvan con el fin de "no colapsar los juzgados", explicó Bonilla.
Esto no supondrá un aumento de efectivos policiales, aclaró el letrado, ya que España tiene uno de los "mejores" ratios de policías por habitantes. En opinión de Bonilla el "problema" está en la ratio de fiscales y jueces por ciudadano, el cual es bastante alto y "no ha sido cambiado por ningún gobierno".
