Los más de 500 profesionales de Enfermería de la Ciudad Autónoma de Melilla no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico, caso, por ejemplo, de las vacunas, lo que conllevará una peor atención a los melillenses (más esperas, más consultas y más gestiones…), tras la aprobación por parte del Gobierno del PP de un Real Decreto que también perjudicará al Sistema Sanitario Melillense.
El Ministerio de Sanidad ha traicionado y engañado a la profesión enfermera melillense al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de la prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos.
Se da, además, la circunstancia de que el texto inicial acordado con la profesión enfermera fue ratificado también por la Ciudad Autónoma de Melilla, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de marzo.
En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, los representantes de la enfermería han destacado que la norma afectará a prácticamente todos los ámbitos donde los enfermeros desarrollan su trabajo: hospitales, centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de salud laboral…
Así han apuntado que, en todos estos ámbitos, los profesionales vienen usando e indicando medicamentos de prescripción médica siguiendo protocolos pactados con los médicos o publicados por las autoridades sanitarias. Se trata de una actuación más de su asistencia enfermera, han subrayado, añadiendo que estas actuaciones enfermeras en el ámbito del fármaco son vitales para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones y la atención en su conjunto, aspectos que inciden directamente en la optimización y coordinación de los recursos disponibles y en la seguridad del paciente.
Ejemplos
Algunos ejemplos de situaciones asistenciales que van a verse directamente perjudicadas por esta nueva normativa son cuando las enfermeras administran una vacuna; cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma; cuando utilizan cremas (algunas de ellas consideradas medicamentos sujetos a prescripción médica) para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos o anticoagulados.
Asimismo, en todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente (empresas, escuelas, residencias de mayores, ambulancias…) la enfermera tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica antes de actuar en innumerables situaciones, con el consiguiente perjuicio para sus pacientes.
Los representantes enfermeros han reiterado que, una vez entre en vigor el RD, los profesionales de Enfermería tendrán que modificar su forma de actuar si no quieren ir contra la Ley y su propio Código Deontológico, porque, de lo contrario, supondría asumir una responsabilidad que no le corresponde (delito de intrusismo profesional). Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.
Ante esta situación, desde la Mesa de la Profesión se ha instado a los profesionales de enfermería a que realicen la denominada “huelga competencial”, es decir, que no lleven a cabo ninguna actuación relativa a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el Real Decreto aprobado.
Esta situación absolutamente lamentable, por el perjuicio que supondrá para los pacientes, ha sido provocada por el PP. En este sentido, desde la Mesa se pide a los responsables del INGESA que dicte las instrucciones precisas para que los órganos directivos de los centros e instituciones sanitarias de la Ciudad Autónoma respeten el quehacer diario de todos los enfermeros que a partir de ahora se verán obligados a actuar conforme a lo previsto en el Real Decreto y no les obliguen a realizar cualquier acción que les lleve a una inseguridad jurídica.
Entre las diferentes acciones previstas por la Profesión Enfermera, se ha decidido llevar a cabo una campaña de información y sensibilización social en todo el Estado, para que los ciudadanos conozcan que la decisión adoptada por el Gobierno del PP supondrá más tiempos de espera, más consultas y más gestiones. En definitiva, una peor atención de la que no será responsable, en modo alguno, el profesional enfermero.
