Melilla podía encontrar serias dificultades a la aspiración de sus máximas autoridades de convertirla en una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, lo que supondría enmarcarla en un amplio programa de ayudas económicas que la dotarían de mejor infraestructura. Así lo expresaban los eurodiputados Manuel Medina (PSE) y Abel Matutes (PP).
La Consejería de Medio Ambiente planteaba al Consejo de Gobierno el informe que conteníala nueva política de agua que pensaba llevar a cabo la ciudad. El estudio marcaba el incremento de las tarifas por consumo cuyo fin último era procurar un ahorro que aliviara en parte la sobreexplotación de los pozos.
La Guardia Civil intervenía droga por valor de dos mil millones de pesetas (12 millones de euros).
