Según manifestó ayer Leonor Lidón Heras, delegada del Cermi para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos, la "Convención de Derechos de la Personas con Discapacidad" es la respuesta internacional que ofrece Naciones Unidas a la situación de desigualdad que viven este colectivo de personas en el mundo. Señaló que aunque existen tratados de derechos humanos de las personas con discapacidad, se demostró la necesidad de establecer un mecanismo específico que los protegiera y la convención "lo que hace es ver cada derecho humano en clave de discapacidad, a través de la garantía de acceso a la igualdad y desde los derechos de cada uno". Manifestó que muchas veces "el problema que surge es que aunque no hay una voluntad real de discriminación, la propia ignorancia hace que la consecuencia sea discriminatoria; así por ejemplo, si vemos en la entrada de un restaurante que se prohíbe la entrada a personas de la misma raza esto nos aturdiría, pero si vemos unas escaleras no genera el mismo efecto cuando está dejando fuera a personas con discapacidad".
La convención lo que pretende es que "nos demos cuenta de cómo tenemos que ser para no discriminar, y nos queda mucho por hacer porque una de las cosas que ocurre en España es que existe mucha normativa, muy buena pero se incumple tanto por los ciudadanos como por las administraciones públicas". A esto se suma otro hándicap y es el que surge a la hora de reclamar porque aunque existen estos derechos no existe una normativa que diga cómo se protegen en caso de vulneración. "Es como decir que un Estado es de Derecho pero no tienes tutela judicial efectiva. Si no puedo denunciar, no tengo derecho", afirmó.
La Convención "obliga al estado a estos cumplimientos pero las comunidades no y a veces nos encontramos profundas desigualdades en aspectos que están tocando el ámbito de los derechos humanos".
Esta desigualdad provoca que frente a una vulneración de derechos "no se pueda hacer nada o que las administraciones se pasen la pelota unas a otras para ver quien resuelve". Por ese motivo se exige un diálogo entre administraciones que aporte soluciones. "A mí no me importa quién sea competente, sino que se cumplan estos derechos" que vienen recogidos en la Constitución. Para los ayuntamientos la Convención de Derechos es "positiva porque no solo reconoce el derecho sino que establece qué medidas se deben aplicar para la garantía y el reconocimiento de ese derecho".
Manifestó que cuando surgen problemas no hay que asumirlos con naturalidad, sino "reclamar". Afirma que es preciso realizar "una lucha activa" y considera que todo es cuestión de voluntad, como "cuando se pedía desde el movimiento asociativo el rebaje de las aceras y parecía un gran problema" y sin embargo ahora es algo normalizado. "No es una cuestión voluntarista, hay una cuestión legal y en eso hay que ser magnamente firme".
