La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló ayer en Melilla una nueva actuación enmarcada en la Operación Tosca, que investiga desde 2012 el Juzgado de Instrucción número 4 de nuestra ciudad por presuntas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad Autónoma. La operación, que se desarrolló desde primera hora de la mañana, se saldó con las detenciones del viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, y un matrimonio de empresarios, Benaisa Ahmed y Amal Sel-Lam, adjudicatarios de diferentes contratos de la Ciudad Autónoma. Los tres, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar. Según informaron a MELILLA HOY fuentes judiciales, Francisco Díaz acudió a primera hora de la mañana a las Torres V Centenario, sede judicial en Melilla, y posteriormente fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, donde estuvo durante varias horas, al igual que los otros dos detenidos.
Por la tarde, pasadas las 18.00 horas, los tres fueron conducidos a las Torres V Centenario en vehículos sin distintivos policiales para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia. En realidad, la causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla desde que inició el procedimiento a finales del año 2012.
Los tres detenidos, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, fueron asistidos por sus abogados tanto en las dependencias del instituto armado como en sede judicial. Tanto Francisco Díaz como Benaisa Ahmed y Amal Sel-Lam se acogieron a su derecho a no declarar y pasadas las ocho de la tarde quedaron en libertad con cargos, con la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción número 4, o cada vez que sean requeridos por el juez.
El juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Esto significa que solo la Fiscalía y el juez conocen y tienen acceso a lo que se está instruyendo. Por ello fue muy escasa la información que oficialmente se ha facilitado de esta nueva operación de la UCO en Melilla. Ni siquiera se dio a conocer a qué caso correspondían estas actuaciones, aunque fue el propio Díaz, a su salida del juzgado, quien confirmó que estaban relacionadas con la Operación Tosca.
Al parecer, las detenciones de ayer son una consecuencia del análisis que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 4 han realizado de la información que obtenida en los registros realizados en febrero de 2015 en la denominada Operación Tosca por un presunto amaño de contratos públicos de la Ciudad Autónoma. En aquella ocasión fueron detenidas 15 personas en una operación simultánea en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, en la que se vieron implicadas un total de 35 personas, entre ellas políticos y técnicos de la Ciudad de Melilla, así como responsables de varias empresas.
Desde 2012
La instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 4 con este procedimiento se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la UCO centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas las empresas.
Las pesquisas de este caso se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de la ‘Operación Ópera’, relacionada con Delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales.
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación. En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la Ciudad Autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.
De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.
‘Operación Ópera’
Las actuaciones por la ‘Operación Ópera’ comenzaron el 12 de septiembre de 2013 en la llamada ‘Operación Ópera’ y provocó la imputación de siete personas, entre ellas el ex consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (PP); el entonces director general de Gestión Económica de este área, José Pastor; el funcionario de Medio Ambiente, Juan Carlos López Rueda; el ex Interventor General accidental de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, entre otros.
La matriz de esta operación, la llamada ‘Ópera’, se concreta en esclarecer las presuntas «actuaciones irregularidades», presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública.
Estas actuaciones afectarían tanto a la contratación menor (dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios) a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.
