El Gobierno central está trabajando en un protocolo con la Ciudad Autónoma de Melilla para dar cobertura a las distintas actuaciones que se puedan realizar “de forma inminente y urgente” para paliar los daños que ha sufrido Melilla como consecuencia del terremoto de magnitud 6,3 del pasado lunes, cuantificados tras una evaluación inicial en 11,9 millones de euros. El informe provisional de daños, remitido por la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, fue abordado ayer en la reunión del Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el objetivo de este protocolo es que Melilla pueda recuperar la “máxima” normalidad después del seísmo. Según dijo, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio del Interior están trabajando ya junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para completar la evaluación de daños, que en estos momentos es provisional, y determinar las fórmulas jurídicas y presupuestarias necesarias para paliar los daños provocados por el seísmo.
Sáenz de Santamaría explicó que en la que “la misma mañana” del seísmo se constituyó un gabinete de crisis en el 112 para informar a los ciudadanos del suceso de las medidas de prevención para paliar los riesgos. Los daños de los que se ha informado hasta el momento son los que ha remitido la Delegación del Gobierno en Melilla y que conminará “probablemente” en la firma de un protocolo entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Gobierno para paliar los daños.
La vicepresidenta celebró que el temblor no provocó daños personales graves aunque 26 personas fueron atendidas por daños leves, como crisis de ansiedad, cortes y otros daños “menores”. Debido a los daños materiales en algunos edificios, ha sido necesario desalojar a más de 100 personas y atendidas por los servicios sociales de la ciudad.
Reparación “inmediata”
En concreto, apuntó que los daños se han producido en inmuebles distribuidos en inmuebles y edificios de titularidad pública, incluidos colegios y centros de educación infantil y primaria que se procederán a reparar de forma “inmediata”; inmuebles de particulares, locales y viviendas y organismos del Estado, así como gastos de emergencia y ayudas sociales urgentes o pérdidas en las actividades económicas, entre otros.
Además, precisó que “hasta el momento” se han evaluado más de medio millar de inspecciones de inmuebles por técnicos en edificación en coordinación con el servicio de extinción de incendios y salvamento. Asimismo, añadió que 11 militares especialistas en reconocimiento y evaluación de infraestructuras se han desplazado a la zona, junto con 3 vehículos especialistas.
