La Audiencia Provincial desestimó el recurso interpuesto por el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, al auto del Juzgado de Instrucción nº1 en el que se le acusaba de un presunto delito de prevaricación administrativa, tras haber contratado a un arquitecto, según la acusación "de manera ilegal" aunque Marín siempre ha defendido la legalidad de esa decisión. Según el auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY, de dicha contratación "se desprende una aparente desviación de poder (presuntamente prevaricadora) consistente en buscar la contratación de una concreta persona, para ocupar un puesto de trabajo". La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, debido a que ve "indicios racionales de criminalidad" en la contratación que llevó a cabo Marín de un arquitecto en 2007 como consejero de Administraciones Públicas sin presuntamente cumplir la normativa prevista.
Tal y como reza el auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY, Marín en el ejercicio de sus competencias, firmó un contrato de trabajo con un arquitecto de interinidad y duración determinada en la categoría laboral de arquitecto superior. Este contrato, se llevaba a cabo con el fin de cubrir la baja del arquitecto titular.
Cuando finalizó el periodo de baja, el arquitecto titular se incorporó a su trabajo, y el profesional interino, en vez de cesar, continuó hasta dos meses después. Pasado este tiempo, Marín firmó de mutuo acuerdo con el arquitecto interino el cese voluntario de éste un 31 de junio. Al día siguiente, volvió a contratarlo para cubrir el puesto de trabajo de un arquitecto superior hasta su provisión definitiva, vacante por jubilación de otro profesional.
Según señala el citado auto, de esta serie de hechos se desprende "una aparente desviación de poder (presuntamente prevaricadora), consistente en buscar la contratación de una concreta persona, para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública sin cumplir la normativa prevista para su provisión". En este sentido, según informó en declaraciones a este diario el decano del Colegio de Arquitectos, Javier Herrera, a día de hoy el profesional continúa contratado.
"No sabía que los contratos eran ilegales"
Este escrito de la Audiencia Provincial es emitido a partir del recurso de apelación de Marín donde solicitaban el sobreseimiento libre y archivo del caso ya que entienden que Marín "no intervino en el desarrollo de la tramitación administrativa, que culminó en la celebración de tales contratos; que el tipo de delito de prevaricación administrativa exige el requisito de 'a sabiendas' de la ilegalidad o injusticia". Así, según la defensa "él no sabia que tales contratos pudieran ser ilegales".
Tras el archivo del recurso, la Fiscalía, y la acusación particular conformada por el PSOE, Manos Limpias y CPM tendrán que presentar los escritos de acusación para poder dar inicio al Juicio Oral.
Javier Herrera: “Miguel Marín está sentado en el banquillo”
El decano del Colegio de Arquitectos, Javier Herrera, asegura que dicho auto supone que Miguel Marín "está sentado en el banquillo" por "poner a dedo" a un arquitecto, y no a través de un proceso de "concurrencia pública". Asimismo, apuntó que la "desviación de poder", no es una acepción nueva en los autos remitidos y es que en el primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de 2010 a la que ha tenido acceso este diario, también alega dicha conducta delictiva. Esta sentencia finalmente fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avalaba una "falta de legitimidad" de la institución colegial para denunciar el caso por dicha vía, aunque según Herrera no desestimaba el fondo. De esta manera, aseguró que esta demanda se inicia porque en los estatutos de la institución colegial está el "defender a los colegiados", y es que según explicó Herrera, esta denuncia se inicia en nombre del Colegio a partir de un arquitecto afectado. Herrera siente "cierta satisfacción, aunque pequeña" con dicho auto ya que supone la defensa de "la sociedad, el puesto de trabajo y la profesión".
Por su parte, Miguel Marín, a preguntas de este periódico, no quiso hacer ayer ninguna declaración a este respecto, y se remitió a una rueda de prensa que llevará a cabo la próxima semana.
