Cuatro de las cinco ONG's integradas en Migreurop, que solicitaron el pasado jueves la intervención diplomática de España para que el padre Esteban Velázquez pueda volver a Nador tras la prohibición de entrada de Marruecos, consideran insuficiente la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo. El jefe de la diplomacia española aseguró estar al tanto del caso, aunque se remitió a que el caso de Velázquez es una cuestión entre "el Reino de Marruecos y la Santa Sede". APDH-A, Elin, Andalucía Acoge y SOS Racismo recalcan la nacionalidad del sacerdote canario y las obligaciones del Gobierno de España con la misma. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, aseguró que el caso del padre Esteban Velázquez "afecta a la diplomacia española, en la medida en que Velázquez es un ciudadano español", motivo por el que la ONG considera "importante" que el Gobierno de España "asuma sus responsabilidades".
Asimismo, Morales realzó el papel que lleva a cabo el sacerdote canario en Nador en cuanto al "apoyo social" a ciudadanos marroquíes e inmigrantes subsaharianos y de "defensa de los derechos humanos". Una labor, para el responsable de la ONG, "suficientemente encomiable como para que se defienda y se respalde por parte de España".
Se trata, según Morales, de "demostrar con esto, que España es un país comprometido con la defensa de los derechos humanos". "No podemos hablar con tanto énfasis del apoyo a los españoles, si no apoyamos a las personas que hacen labores humanitarias fuera del país", aseveró el responsable de la ONG.
En el caso de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), subrayan que no solo es que el padre Esteban Velázquez tenga nacionalidad española "no del Vaticano", sino que se trata de una persona a la que no se le ha permitido entrar a un país con el que España "tiene una relación fluida", advirtió el portavoz del Área de Inmigración de APDH-A, Carlos Arce. En opinión de la ONG, "es muy llamativo" que en el contexto en el que se envuelven las relaciones entre España y Marruecos, el Gobierno español, "no haga ninguna gestión para defender los derechos básicos", cuando el padre Esteban "no ha cometido ningún delito y ha hecho una labor muy relevante desde el punto de vista humanitario y de defensa de los derechos humanos".
De esta manera, Arce entiende que la respuesta del ministro de Exteriores "es una salida curiosa", con la que parece "no querer implicarse en un caso que molesta".
Del mismo modo, el portavoz de APDH-A apuntó que esta respuesta, demuestra que el tipo de gestión del flujo de migratorio y del control de fronteras, "es poco respetuoso, en el mejor de los casos, con los derechos fundamentales y que es como mínimo es tolerada o pactada con el Estado español y la Unión Europea".
Arce aseguró que el trabajo del padre Velázquez de denuncia y humanitario con los subsaharianos es algo "molesto", y no es un peso "especialmente cómodo" para el Estado español, en cuanto a la gestión que hace el Gobierno de la frontera melillense".
Por otro lado, la secretaria de Elin, Paula Domingo, calificó de "evasiva" las palabras del ministro de Exteriores, dado que se le solicitó un mayor papel dentro de la decisión de Marruecos de no permitir la entrada al padre Esteban Velázquez.
Domingo puso en valor el trabajo humanitario que estaba llevando a cabo el coordinador de la Delegación de Migraciones del Área de Nador e indicó que "no solo es una cuestión de que no se le reconozca el trabajo, sino por los inmigrantes que se quedan sin protección".
“Más allá de la dimensión religiosa, están los derechos civiles”
El responsable de las federaciones de SOS Racismo, Peio Aierbe, apuntó que la respuesta de Margallo es "poco acorde con las funciones que debe tener un ministro", y asegura que "más allá de su dimensión religiosa, estamos hablando de derechos civiles, de los que tiene un ciudadano español residir de un país amigo o colaboración incluido el policial". Por ello, considera la respuesta de Margallo, una forma de "escurrir el bulto" en un tema en el que se muestra "un respeto de los derechos muy deficientes".
