El exconsejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, defendió ayer la legalidad de la contratación de un arquitecto, por el que se le acusa de un presunto delito de prevaricación. Para ello, mostró el informe del Consejo de Estado y dos sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, según señala Marín, dicen que la contratación "fue válida", algo que "esclarecerá" en la vista judicial, tras haberse desestimado los dos recursos que interpuso el exconsejero. Así, aseguró que no cesará como presidente de la Autoridad Portuaria, tal y como solicitó el PSOE, a quien criticó por no "respetar" la justicia y a cuyos dirigentes Gloria Rojas y Francisco Vizcaíno tildó de "hipócritas, amorales y con poca vergüenza o ninguna". El exconsejero de Administraciones Públicas y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, quiso aclarar el "respeto profundo" a las autoridades judiciales, quienes suponen uno de los "pilares fundamentales del Estado de Derecho". Así, se mostró seguro al respecto de que con la apertura del juicio oral en el caso de la contratación presuntamente ilegal de un arquitecto, "se esclarecerá la verdad", toda vez, que "demostraré lo que la propia justicia ya ha dicho".
En rueda de prensa, Marín defendió la legalidad de dicha contratación, por el que se le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa, para lo que mostró la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 del 15 de noviembre de 2013, otra sentencia en respuesta que emite el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por último, un Informe del Consejo de Estado.
La primera sentencia, es resultado de la demanda que interpone el arquitecto al que contrató Marín, contra la Ciudad, la cual pretende determinar si el arquitecto interino debe tener la consideración de indefinido, por haberse celebrado en presunto fraude de ley las dos contrataciones temporales con la Ciudad. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda del arquitecto quien interpuso un recurso ante el TSJA. El Alto Tribunal autonómico, finalmente también desestimó la demanda.
Ningún fraude de ley
Ningunas de ambas sentencias son emitidas dentro del procedimiento judicial iniciado por el Colegio de Arquitecto. Aún así, sí que analiza los contratos realizados con el propio arquitecto demandante en esas causas. Marín destacó algunos extractos de la sentencia del Juzgado de lo Social donde señala que de la contratación llevada a cabo el 1 de agosto de 2007, "no se aprecia ninguno de los elementos que justificarían el fraude de ley", según el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998.
A juicio de Marín "ya la justicia en el orden jurídico competente, que es el Social, ya ha dicho en sentencia firme que los contratos que yo firmé con ese arquitecto son legales". El exconsejero también hizo lectura de parte del auto emitido por el Alto Tribunal autonómico donde señala que el 31 de julio de 2007 "se produjo la valida extinción de la relación laboral que se había iniciado el 28 de agosto de 2006, máxime si tenemos en cuenta que no nos consta en modo alguno, la existencia de vicios en el consentimiento por parte del actor y que el mismo en su momento no formuló protesta o reclamación alguna contra dicho acuerdo extintivo", reza el escrito del TSJA.
Por ello el tribunal entiende que a partir del 1 de agosto de 2007 se inició "una nueva relación laboral entre las partes formalizadas mediante un contrato de interinidad por vacante, contrato que hemos de entender plenamente válido, por cuanto en el mismo se indicaba que el actor prestaría sus servicios como arquitecto superior adscrito a la Consejería de Fomento, para ocupar la plaza dejada vacante por Don Femando Moreno Jurado a consecuencia de su pase a la situación de invalidez permanente absoluta".
Asimismo, Marín también se apoyó en un escrito emitido por el Consejo de Estado que concluye que "no procede la revisión de oficio del acto administrativo de 1 de agosto de 2007 (…) ya que no concurre en el acto referido ningún vicio originario que permita su apreciación como determinante de la nulidad de pleno derecho".
Por todo ello, el exconsejero, no comprende el delito del que se le acusa ya que "el primer requisito para cometer prevaricación administrativa es cometer un ilícito administrativo y la justicia ha dicho que la contratación es legal". "Es un delito imposible", aseveró Marín.
PSOE: "Amorales y de poca vergüenza o de ninguna"
Para el presidente de la Autoridad Portuaria el hecho de que la presidenta y el representante de la Gestora del PSOE, Gloria Rojas y Francisco Vizcaíno, pidan su cese al frente de la institución portuaria, es de "tener muy poca vergüenza o ninguna", y tachó de "hipócrita y amoral", su petición, teniendo en cuenta "las sentencias firmes que dicen que lo que yo he firmado con ese arquitecto es legal".
En este sentido, reprochó a los socialistas el "silencio" que han mostrado cuando "durante meses sus compañeros, a los que la justicia le piden más de 30 años de cárcel, estuvieran sentados en la Asamblea de Melilla".
En opinión de Marín el PSOE "ha cambiado de caras pero sigue siendo el mismo desastre de partido que era cuando lo dejaron los anteriores secretarios generales". Así, apuntó que el partido socialista "se ha convertido en un auténtico lastre en la política de nuestra ciudad".
Por otro lado, el exconsejero aseguró que entre quienes componen la acusación, el decano del Colegio de Arquitectos, Javier Herrera, PSOE, CPM y Manos Limpias, están montado un "auténtico circo mediático". En este sentido, quiso dirigirse a ellos para señalarles que está "muy tranquilo", dado que "la justicia en sentencia firme señala que los contratos que firmé son legales".
Marín atribuye una “negligencia” a Herrera con Averroes
El exconsejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, quiso aclarar que los arquitectos "le merecen un respeto", sin embargo no en el caso del decano del Colegio de Arquitectos, Javier Herrera, a quien acusó de "hacer méritos políticos" como cabeza de la institución colegial, así como de "haberse dejado usar por el PSOE". A su vez, Marín atribuyó una presunta "negligencia" a Herrera por el derrumbamiento de la fachada del edificio de Averroes, al ser el director del proyecto de ejecución y del proyecto de obra, así como de los dos modificados que supusieron "incrementos importantes en el coste". El exconsejero animó a Herrera a "que se preocupe por lo que tiene encima, porque es muy grave", dada la responsabilidad que tenía en el "proyecto de obra y supervisión" de la misma. Para Marín se está acometiendo una "caza de brujas de contenido político" debido a quienes están detrás de la denuncia, ya que según el exconsejero si se hubiera cometido una "irregularidad", estarían detrás sindicatos y personas de la bolsa de trabajo.
