En estos tiempos en los que el populismo con sus cantos de sirena ha conectado con una parte de la población, nosotros, los liberales, debemos unirnos y arrimar el hombro para hacer ver a la población que es cierto que necesitamos un cambio, pero que ese cambio no viene vía las mismas políticas – de forma exagerada- que nos han llevado a una de las mayores crisis recordadas. Sino por coger un lápiz rojo, reducir los gastos innecesarios y volviendo a la realidad, una realidad tapada por una burbuja de deuda y despilfarro que, como no, tiene que sostener el contribuyente.
Por ello, tenemos que hacer ver que:
Las políticas de incentivar la demanda artificial -gasto-, como se ha demostrado durante estos últimos años, lo único que hacen es crear sobrecapacidad, una sobrecapacidad financiera, energética y de infraestructuras y telecomunicaciones como la que tenemos en nuestro país y que, como es obvio, no se soluciona con más gasto.
Cuando aumenta el gasto público -que supone un 45% del PIB- baja la productividad. En España, entre 2004 y 2010 el gasto público, que no es social, aumentó un 49% y los resultados hablan por sí solos.
La deuda no es riqueza, es deuda, y al final la acabarán pagando nuestros hijos o nietos -en forma de recortes, subidas de impuestos…- y que esa deuda no es culpa de "los malvados especuladores" sino de las políticas de gasto desmedido que provocan inseguridad en el inversor- en 2008, la balanza exterior española era la más alta del mundo con 94.000 millones de déficit – pregúntese si la culpa de que la prima de riesgo suba es culpa de los que no quieren invertir en un país en declive y en el que hay datos que indican que está sobreendeudadoo de las políticas del gobierno porque, ¡Qué casualidad que cuando empezamos a tomar medidas estructurales y se aplicaron recortes, la prima de riesgo bajó!
La deuda y el gasto público desmedido suponen trabas para los ciudadanos o para las empresas que quieren obtener un crédito -el Estado acapara el 70% de los recursos financieros a disposición de la banca, los cuales se usan para comprar deuda pública y financiar el gasto de las administraciones-
La principal fuente de riqueza son las empresas privadas, las cuales son las primeras pisoteadas por el sector público que, aparte de las cargas fiscales impuestas y la burocracia -España es el país de la OCDE en el que más tiempo se tarda en poder crear una empresa- las remata con una morosidad que, en algunas comunidades, puede llegar a los 1.000 o 2.000 millones de euros.
Los países más prósperos son los que tienen una mayor libertad económica
El acceso al crédito tiene que estar más regulado, entre el 2000 y el 2008, el crédito privado (a empresas y familias) -no deflactado- subió en España un 230%, mientras que en Alemania subió solo un 7%. Que el crédito crezca puede ser sinónimo de prosperidad, pero ese aumento del crédito fue el que alimentó la burbuja inmobiliaria, se daba crédito a cualquiera, sin tener en cuenta el riesgo de un posible impago -total, los bancos ganan aunque no pagues la hipoteca, se quedan tu casa y encima les debes el resto-.
Un impago total o selectivo de la deuda, una deuda en la que está invertida la mayoría de la seguridad social y las pensiones, supone un caos absoluto y que sea imposible financiar esos aumentos de gasto que, los mismos que proponen el impago selectivo, pretenden llevar a cabo. "Persiguiendo el fraude fiscal de las grandes empresas obtendríamos 40.000 millones" resulta hasta gracioso oír ese dato, cuando el beneficio neto de las 3400 mayores empresas es de 32.000 millones
Y no solo recordar el pasado y las políticas que nos llevaron a la crisis, sino también dar soluciones, como propone Daniel Lacalle en su libro "Nosotros, los mercados", un libro que desde luego recomiendo:
Atraer capital: La inversión extranjera en España está por debajo de la media de la OCDE.
Reducir impuestos: Que haría mejorar el empleo, la inversión y el consumo.
Tener un sistema claro y eficiente de cobro de las administraciones públicas, que en 2011 llegaron a pagar a sus proveedores con más de 360 días de retraso.
Reformar las estructuras de las administraciones públicas: Eliminar duplicidades, además de cerrar o vender los centenares de radios, televisiones y empresas públicas estatales o regionales.
Cercenar subvenciones -En España se gasta unos 15.000 millones de euros en subvenciones, primas y ayudas, sin incluir el rescate bancario-.
El liberalismo es la única solución.
