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ONGs insisten en la ilegalidad de las “devoluciones en caliente”

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), SOS Racismo y Andalucía Acoge insistieron ante la respuesta del comisario de Interior europeo, Dimitris Avramopoulos, en la ilegalidad de las llamadas "devoluciones en caliente", y es que aseguran que son varias las normativas tanto nacionales como la propia Constitución Española, como internacionales las que avalan derechos fundamentales que con los rechazos en frontera son vulnerados. El portavoz del Área de Inmigración de APDH-A, Carlos Arce, asegura que el derecho "es interpretable", y por lo tanto desde la asociación están en desacuerdo con el análisis que ahora lleva a cabo el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, motivo por el cual la normativa que recoge los rechazos en frontera se encuentra en el Tribunal Constitucional.

Arce explicó que los "rebautizados" rechazos en frontera "no respeta la propia Convención de Ginebra, en materia de refugiados, por mucho que se haya trasladado al BOE" y es que según indica la ONG "no permite detectar personas que potencialmente podían ser solicitantes de asilo". Así, advirtió de que la normativa "viola" los derechos fundamentales ya que no permite "identificar" en qué situación se encuentran dado que directamente son devueltos a Marruecos.

Asimismo, considera que con las 'devoluciones en caliente' se vulnera también el Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe tajantemente "las expulsiones colectivas de extranjeros", toda vez que recoge que "nadie podrá ser expulsado en virtud de una medida individual o colectiva del territorio del Estado del cual sea nacional".

El motivo que da lugar a que la figura del rechazo en frontera esté ante el TC es que dicha norma según explicó el portavoz de APDH-A "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva", toda vez que "el propio rechazo en frontera como figura, que no sigue ningún procedimiento o normativa siendo un acto arbitrario, de la que no hay ninguna norma ni garantía que revista este acto".

Al respecto de la tesis en la que se apoya la CE sobre las Oficinas de Asilo, Arce defiende que existan estas dependencias, sin embargo, asegura que a dichas oficinas "no han llegado ninguna persona de raza negra" a pesar de las personas que proceden de países centroafricanos con conflictos abiertos, una cuestión de la que también tiene constancia SOS Racismo. Esto se debe, según indicó el portavoz de APDH-A, a que la Gendarmería y las Fuerzas Auxiliares "no les permite flanquear las fronteras", mientras que a las personas de nacionalidad siria acceden pero "pagándoles a pasadores o a la propia policía marroquí", de lo que señala Arce hay "múltiples denuncias".

Aún así, desde APDH-A advierten de que en el caso de las personas subsaharianas que saltan la valla, la propia Convención de Ginebra recoge que "el uso de vías irregulares de entrada no es motivo de rechazo", y es que entienden según relató Arce que si una persona está huyendo de un país "lo normal es que no se pueda parar a tramitar un asilo".

Una "lamentable" respuesta
Por su parte, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, calificó de "lamentable" el aval por parte de la CE de esta figura ya que "las devoluciones en caliente vulnera los derechos básicos en cuanto a la seguridad jurídica y el derecho internacional". Por ello, entiende que "legitimar esa praxis va en la línea de justificar cualquier actuación con tal de mantener la muralla del resto de Europa".

Morales defiende que "independientemente de los recursos, cuando pisa territorio español debe tener la misma seguridad jurídica, más allá de lo que pase al otro lado de la valla, ya que a partir de ahí está amparado por la legislación española se decida o no su expulsión". En cuanto a las Oficinas de Asilo, por la información que han podido recabar "no pueden absorber a todos los solicitantes de asilo que hay en el país".

"Involución" de la CE
El responsable de las federaciones de SOS Racismo, Peio Aierbe, considera con la respuesta de la CE muestran una "involución" de las instituciones comunitarias cuando se mantiene "la tragedia que atraviesan en el Mediterráneo cuando vienen desde países en conflicto". Aierbe cree que este apoyo "refrenda una figura ilegal, que además está destinado a caerse", ya sea según apuntó por la vía de los tribunales o el cambio de gobierno.

Y es que según explicó Aierbe la respuesta del comisario hace a la CE "sumarse al engaño que contiene la disposición adicional", al respecto de que en todo caso, el rechazo en frontera se llevará a cabo respetando la normativa internacional. Según explicó Aierbe en la práctica "no se da ese respeto a la normativa internacional", dado que para ello debe haber una "audiencia con una asistencia letrada e interprete que garantice que esa persona pueda demandar asilo". Si la CE admite dichas prácticas insiste el responsable, "avala una práctica discriminatoria y racista que se lleva a acabo por parte de la policía marroquí".

Asimismo, alertó de la documentación existente a raíz de un informe de Migreurop en el que se demostró que "las oficinas de asilo no garantizan el derecho al asilo porque la policía marroquí establece un filtro arbitrario". Aierbe asegura que "no a toda la población se le permite acceder hasta la oficina de asilo, además de establecer un dinero para poder estar en la fila y acceder al número para poder pasar".

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Nerea de Tena Alvarez

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