El informe anual de Amnistía Internacional denuncia los "recortes de derechos y libertades" y el "doble rasero" en política internacional y trato a los migrantes que España ha llevado a cabo durante 2015, un ejercicio del que destacan la reforma de extranjería que instituyó el rechazo en frontera en las vallas de Ceuta y Melilla, la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, los desahucios y la llamada 'ley mordaza'.
Para el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, "claramente" los derechos más afectados en 2015 han sido "la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica", porque el Gobierno ha legislado haciendo "oídos sordos a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas a España en materia de Derechos Humanos". En este sentido, se ha referido a la reforma del Código Penal y a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobadas el año pasado con las que "se limitó de manera desproporcionada el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión" imponiendo "límites sobre las manifestaciones pacíficas" y concediendo "amplias competencias a las fuerzas de seguridad, que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren, por ejemplo, una falta de respeto". "Es tan vaga en sus artículos que hasta el Relator Especial de Libertad de Expresión de Naciones Unidas alertaba de que podía penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho a la libertad de expresión. Algo hemos podido ver en el caso de los titiriteros detenidos en Madrid el 6 de febrero", ha comentado Beltrán.
En cuanto a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, el informe recuerda que en 2015 se reguló el "rechazo en frontera" de los extranjeros interceptados en el salto de las vallas pese a que el Comité contra la Tortura expresó su "preocupación" por las llamadas devoluciones en caliente y el Comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución. Además, señala que durante el año se mantuvieron "las restricciones a la libertad de circulación" de los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas, que no pueden viajar libremente a la Península pese a que su documentación les permite moverse por todo el territorio nacional, y destaca que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla "imperaban condiciones de hacinamiento grave" que sufren "cientos de personas".
