El Grupo Socialista ha pedido que la Comisión de Control de la Asamblea solicite los contratos adjudicados por el Gobierno a la empresa Eulen desde 2004 sobre seguridad, para estudiarlos, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya asegurado que "el uso fraudulento de la contratación menor, fraccionando el objeto del contrato, habría sido la tónica general en las relaciones contractuales entre la Ciudad Autónoma y Eulen". En rueda de prensa, la también portavoz del Grupo Municipal del PSOE ha indicado que los socialistas quieren comprobar si estas prácticas se mantienen porque "cuando hablamos de dinero público nuestra obligación es ser muy escrupulosos".
Rojas ha dicho que hace esta petición después de tener conocimiento del levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Tosca, concretamente a de la pieza separada número 1 del caso que aborda los servicios de vigilancia prestados por Eulen a la Ciudad Autónoma.
Según ha dicho la presidenta de la gestora, la UCO considera que, entre 2004 y 2008, el Gobierno de Melilla adjudicó a Eulen "millones de euros de una manera completamente arbitraria y fraudulenta". Lo hizo "sorteando concursos públicos", al margen de la ley, mediante contratos menores.
"Según la Guardia Civil hablamos de cerca de diez millones de euros y del 90% de los contratos de seguridad entre Eulen y el Gobierno Imbroda", ha explicado Rojas.
“Bajo sospecha”
La dirigente socialista ha manifestado que la UCO habla de "conducta deliberada, planificada y orientada a beneficiar a Eulen durante años" y ha apuntado que se señala directamente al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa; al viceconsejero de Hacienda, Guillermo Frías, así como a los dos exconsejeros de Seguridad Ciudadana Ramón Antón y Francisco Javier Calderón, por unos presuntos delitos de prevaricación y fraude. "Una vez más la contratación del Gobierno de Imbroda está bajo un halo de sospecha y una vez más los melillenses se encuentran con serías dudas sobre el buen uso del dinero público, es decir del dinero de todos los melillenses, por parte del Ejecutivo del PP" ha lamentado la líder socialista.
Además, si las acusaciones que hacen desde la Guardia Civil son ciertas, Gloria Rojas ha manifestado que se habría producido un grave perjuicio para las empresas melillenses, "dado que se habría roto el principio de igualdad, favoreciendo a una empresa en concreto y perjudicando a todas las demás, a las que se les ha negado cualquier posibilidad de concurrir a contratos públicos".
"Como siempre hace el PSOE, sea del partido que sea, siempre defendemos la presunción de inocencia, pero creemos que Conesa, Frías, Calderón y Antón tienen muchas explicaciones que dar a la ciudadanía, porque estamos hablando del dinero público", ha concluido.
