El PSOE-C’s han firmado el denominado “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” (66 páginas) que ha servido de base al candidato, Sr. Sánchez, en el discurso para la investidura pronunciado en el Congreso de los Diputados el 2 de marzo, para ser investido Presidente del Gobierno.
El Candidato ha perdido la primera votación en la que sólo ha obtenido 130 votos favorables (los 90 PSOE más los 40 C’s), frente a más de 200 votos negativos y, salvo sorpresa, se prevé que pierda la segunda votación en la que necesitaría, solamente, mayoría simple.
De las circunstancias actuales y del debate de investidura celebrado se desprenden varias consideraciones partiendo de la base de que España es un país europeo, con un modelo constitucional que reconoce la propiedad privada, la libertad individual y aspira a la seguridad jurídica en un Estado de Derecho. Evidentemente, los dos partidos mayoritarios representados en el Congreso han de perseguir dos fines: Primero, gobernar, y para ello han de configurar una coalición de gobierno estable por el interés general del país, y, segundo, ya que hay que hacer una coalición, aprovecharla para avanzar en la áreas que nuestra democracia necesita regenerar para revitalizar nuestro Estado de Derecho. Ello exige desdramatizar la situación y hacer “de la necesidad virtud”, resolviendo ambos temas con una gran coalición de los dos grandes a la que podría incorporarse C’s.
En estos momentos de debate e incertidumbre sobre la investidura concurren estos tres aspectos sobre la persecución de esos fines:
PRIMERO: La gran distancia que separa el partido Podemos respecto al modelo social, económico, jurídico y político que existe en España, como estado social y democrático de Derecho que aspira a desarrollarse respetando las libertades que reconoce la CE. Por ello, el PSOE debe de abandonar cualquier tentación de formar coalición con Podemos ya que, ciertamente, éste es un partido obsoleto en sus ideas y cuyo modelo ha fracasado en todos los países en los que ha impuesto la dictadura comunista.
SEGUNDO: Que, hasta ahora, no ha habido relación negocial entre los dos mayores partidos minoritarios (PP 122 y PSOE 90) que resolverían el problema aritmético. Para ello hay que trabajar juntos, como han hecho PSOE-C’s, en una mesa de negociación para redactar un programa básico, común y mínimo para gobernar y avanzar para regenerar nuestro Estado de Derecho.
Este entendimiento es necesario para nuestra democracia que requiere modificar la regulación vigente que afecta a elementos de la estructura del Estado de Derecho, para lo que se exige la suma cualificada de votos de estos dos partidos. Además, el entendimiento es esencial porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Así, las materias sobre las que hay que acordar han de versar sobre la independencia del poder judicial; la ley electoral; estructura y financiación de las autonomías; democracia interna y financiación de los partidos; equilibrio presupuestario y transparencia del gasto público y contratación pública, etc. Necesitamos modernizar nuestro país.
TERCERO: Que el Acuerdo que han firmado PSOE, C’s es manifiestamente mejorable pues es excesivamente prolijo, muy intervencionista, no ayudaría a luchar contra el paro y es insuficiente en medidas eficaces contra la corrupción que debe combatirse, esencialmente, con transparencia para lo cual la tecnología ayudaría eficazmente.
El Acuerdo, por un lado, omite medidas de choque para paliar el problema del paro, que es el gran problema de España; por otro lado, aspira a un amplio intervencionismo administrativo, por ejemplo (página 7): “Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterio de sostenibilidad ambiental”. En la misma página 7 habla del: “Impulso al ICO para transformarlo en un verdadero banco público de inversiones”: ¿Otra vez banca pública, tras su desaparición y tras la debacle de las cajas? Evidentemente hay que acabar con estas “querencias” pues las decisiones de financiación exigen efectuar un análisis profesional del prestatario; así pues, sería más seguro y barato hacer política con los tipos de interés.
Hay temas tratados de forma “naif”, como en la página 14 que dice que hay: “hacer efectiva la garantía del derecho a un agua de buena calidad (no un minimo vital)..”; sin embargo no cita el necesario trasvase del Ebro (de las aguas sobrantes) evitando el actual desastre de las desaladoras.
También anuncia el acuerdo comentado la petición a la unión europea de ampliar el calendario para cumplir el déficit pactado (pág. 15: Finanzas Públicas). Genera el Acuerdo una gran incertidumbre en materia fiscal pues, dice que: “ el nuevo gobierno propondrá reformas del sistema impositivo que eleve la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora. En la página 17 dice que estudiaran “la cuestión de un impuesto extraordinario, sólo para las grandes fortunas…y sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio que quiere terminar con la competencia entre CCAA que provoca, en la práctica, su vaciamiento”.
Por todo ello, el acuerdo no es acertado pues produciría gran incertidumbre fiscal y económica que provocaría el exilio de muchas inversiones e impediría la llegada para nuevos proyectos de inversión.
CONCLUSIÓN
Hay que hacer de la necesidad virtud. En la actual situación política española esto significa que hay que configurar un gobierno de coalición de los dos grandes partidos españoles. Hay que aprender a pactar desde la Constitución y el método es trabajar con orden, en una mesa y sobre los temas urgentes. Los nombres de las personas se designarán más tarde.
