Solicitamos a uno de los altos mandos de la Guardia Civil que visita Melilla con asiduidad, el Teniente General del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso, que tome cartas en asunto Llama la atención las distintas varas de medir entre unos cuerpos de seguridad y otros en relación a los presuntos implicados en el caso Lisbeth Salander. Así destaca que la Dirección General de Policía ha apartado de su servicio al policía nacional Sergio Jiménez, que lleva suspendido de empleo y sueldo desde abril de 2015, fecha en la que fue detenido, retirada su placa y el bloqueo de su acceso a los soportes informáticos de la Jefatura Superior de Policía. Sin embargo, continúan en sus puestos el guardia civil Ignacio M., los policías locales Sebastián M. y Francisco José C., y la funcionaria de los juzgados Alejandra L., a pesar de los datos reveladores que hemos ido conociendo estos días del sumario del llamado "caso Montecristo".
Teniendo en cuenta el cariz de las conversaciones intervenidas a estos cuatro funcionarios, su forma de proceder en contra de ciudadanos, políticos y el Editor, con seguimientos y multas buscadas sin descanso, insultos y expresiones impropias de miembros de las fuerzas de Seguridad, no se entiende cómo no se han tomado medidas contra ellos.
En el caso de la Consejería de Seguridad Ciudadana y la Ciudad Autónoma, han señalado que esperarán a que la Justicia actúe contra los policías locales Sebastián M. y Francisco José C. para tomar medidas contra ellos. Desde la Dirección General de la Guardia Civil han expresado lo propio sobre Ignacio M. mientras que desde los juzgados tendremos oportunidad de conocer esta semana qué pasará con la funcionaria Alejandra L.
Aprovechamos esta tribuna para solicitar a uno de los altos mandos de la Guardia Civil que visita Melilla con asiduidad, el Teniente General del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso, que tome cartas en asunto ya que en Melilla no se toman. Por la buena imagen del cuerpo, no se pueden consentir comportamientos que van en contra del buen nombre de la institución, como los que últimamente han protagonizado algunos elementos de este cuerpo de seguridad.
Es necesario en todos estos casos citados que se inicien las acciones tendentes a despejar dudas sobre el buen hacer de unas personas a las que se les facilita medios del Estado para hacer un buen uso de los mismos, no para perseguir a quienes no piensan igual que ellos. Porque esa forma de ejercer nos retrotraen a tiempos que parecían ya superados pero que algunos se resisten a abandonar.
