Probablemente ninguno de los partidos que ahora insisten en tumbar lo que ha permitido resolver una grave situación en nuestras fronteras se ha detenido a pensar en las consecuencias que tendría, demostrando una vez más que su postureo es incompatible con la visión real de los problemas El Congreso de los Diputados ha acordado derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, incluida la disposición por la que hace un año se reformó la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los rechazos en frontera. En realidad, como ayer señalaba la senadora popular, Sofía Acedo, esta medida no es más que una declaración de intenciones porque la Proposición no de Ley que se ha aprobado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja no tiene capacidad para tumbar una Ley Orgánica. Eso sólo podría hacerlo otra Ley Orgánica, que es precisamente lo que en esta situación de incertidumbre política no se puede llevar a cabo porque un Gobierno en funciones, como el que hay en estos momentos en España, no puede impulsar nuevas leyes.
Habrá que esperar, por lo tanto, a que se despeje el bloqueo actual en el panorama político nacional para ver en qué queda todo esto. Si finalmente hay elecciones, esta Proposición no de Ley quedará en agua de borrajas y habrá servido, únicamente, como un nuevo ejercicio de escaparate político al que se asoman a diario los partidos políticos, instalados en una precampaña electoral más que en el esfuerzo por llegar a un acuerdo que ponga fin a esta incertidumbre política.
Si finalmente el PSOE logra llevarse el gato al agua con un acuerdo con otros partidos para formar Gobierno, es muy probable que esa Proposición no de Ley termine materializándose, aunque también habrá que ver de qué manera, teniendo en cuenta que Ciudadanos, actual socio de los socialistas, votó en contra junto al PP de esta derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Si el partido de Albert Rivera está en ese hipotético futuro Gobierno, podría haber cambios en esta Proposición no de Ley inoportuna que, en caso de llevarse a cabo podría suponer la vuelta a los problemas fronterizos que sufrió Melilla en aquel 2014 marcado por la presión de la inmigración irregular en la valla. No en vano, la relativa tranquilidad que vive el perímetro fronterizo desde hace unos meses comenzó coincidiendo con la reforma de la Ley de Extranjería, que da mayores garantías a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
Además, tampoco se ha tenido en cuenta otra circunstancia, y es que esta Ley Orgánica que ahora piden derogar fue aprobada de forma legal y legítima por el Parlamento elegido democráticamente en la legislatura anterior, por muchas críticas y pataletas que recibiera por parte de la minoría que en aquel momento la rechazó y que sigue en esa línea en este nuevo mandato. Probablemente ninguno de los partidos que ahora insisten en tumbar lo que ha permitido resolver una grave situación en nuestras fronteras se ha detenido a pensar en las consecuencias que tendría, demostrando una vez más que su postureo es incompatible con la visión real de los problemas.
