Melilla obtenía el dudoso honor de encabezar el ranking de las ciudades más inseguras de España, según la estadística anual realizada por la Comisaría General de Policía Judicial del año 1995. No en vano, la ciudad registraba cinco mil delitos y faltas en ese período de tiempo, lo que presentaba una tasa porcentual del 79,79 por ciento de infracciones por cada mil habitantes.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma expresaba su disposición a asumir el coste político que le iba a suponer la subida del precio del agua de cara a la ciudadanía. Por ese motivo daba el visto bueno a las nuevas tarifas.
