El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tramitará las reclamaciones que presenten en su territorio sus ciudadanos contra resoluciones del Gobierno de Melilla, relacionadas con el derecho a saber. Han firmado el convenio la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Melilla, Daniel Conesa. La ciudad se suma a cinco CCAA -Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura- y a Ceuta, que han suscrito con anterioridad un convenio para que el Consejo de Transparencia resuelva sus reclamaciones.
Otras CCAA, por el contrario, han creado su propio órgano de garantía de la transparencia, como Andalucía, Cataluña, Canarias y Comunitat Valenciana. En otros casos, Castilla y León, Galicia y Madrid, han encomendado las funciones a organismos ya existentes.
La presidenta del Consejo de Transparencia ha destacado la importancia del convenio firmado ayer: "Melilla se suma a Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Ceuta que, con independencia de su color político, no han creado su propio organismo independiente y confían en el Consejo de Transparencia estatal para que atendamos las reclamaciones que sus ciudadanos presenten contra resoluciones de sus administraciones públicas".
Esther Arizmendi considera que "estos gobiernos reconocen la independencia del Consejo de Transparencia estatal y nos animan a trabajar, como hasta ahora, de forma independiente y a extender nuestro rigor e imparcialidad a las administraciones territoriales, además de representar un ahorro de gasto público".
Reclamaciones de Melilla
La Ley de Transparencia, en su disposición adicional 4ª, contempla que las CCAA y las ciudades con estatuto de autonomía pueden atribuir al Consejo de Transparencia estatal la competencia para la resolución de las reclamaciones que los ciudadanos puedan presentar contra resoluciones dictadas por la administración autonómica, su sector público o las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial firmando el correspondiente convenio.
Con la firma del convenio, sin renunciar a sus competencias, Melilla transfiere al Consejo de Transparencia estatal la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos, en los casos en los que el solicitante de información no encuentre satisfecha su demanda, bien porque se le deniegue la información en todo o en parte o no se le responda a la petición formulada.
Melilla, con 85.584 habitantes, se suma así a la decisión adoptada antes por Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Ceuta. El Consejo de Transparencia, por tanto, atiende ya las reclamaciones de toda la Administración General del Estado y, además, las que puedan presentar contra resoluciones de sus administraciones territoriales los 5.275.496 ciudadanos de estos territorios y las que puedan registrarse en sus 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.
Los ciudadanos de estas CCAA podrán presentar sus reclamaciones bien directamente al Consejo de Transparencia, a través de los cauces habituales (sede electrónica próximamente, correo electrónico o correo ordinario) o a través de los registros públicos de cualquier administración pública.
