El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha publicado este martes la orden que regula las evaluaciones de sexto de Primaria que refuerza la confidencialidad de los datos tal como ha solicitado el Consejo Escolar del Estado, además de establecer que los informes relativos a cada centro tendrán "difusión únicamente en su comunidad educativa" y los resultados de las citadas pruebas "no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes". De esta forma, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha rectificado el borrador de la orden, tras la petición del Consejo Escolar del Estado, que en su dictamen sobre el texto, reclamó al Ministerio "límites" para que la información no fuese utilizada para hacer rankings de centros.
Méndez de Vigo se había comprometido hace unas semanas a no hacer públicos los resultados de las evaluaciones para evitar los rankings de colegios, pero en borrador de la orden ministerial sobre la evaluación en Ceuta y Melilla no figuraba tal compromiso que ahora recoge el artículo 15.
La orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor este miércoles 27 de abril y las pruebas deberán realizarse en el mes de mayo. La evaluación tiene carácter censal y se aplicará a todo el alumnado que esté realizando el sexto curso de Educación Primaria en los centros docentes del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Concretamente en Ceuta y Melilla se celebrarán el 10 y 11 de mayo.
Sin embargo, las comunidades de Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha han comunicado su decisión de no realizar las pruebas. En concreto Cataluña, País Vasco y Navarra van a poner en marcha su propio sistema de evaluación, pero no el que recoge la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En cuanto a la confidencialidad, la información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de contexto de los centros educativos se obtendrá mediante la aplicación de cuestionarios que "serán en todo caso anónimos, garantizándose la confidencialidad de los datos durante todas las fases de la evaluación". Para ello, según recoge el artículo 11 se establecerán "todos los mecanismos y procedimientos necesarios que aseguren dicho anonimato".
Este era otro de los aspectos sobre los que había advertido precisamente el Consejo Escolar del Estado que reclamó que se reforzasen las "garantías de anonimato" para que "únicamente" la Administración estuviese "en condiciones de relacionar el código del cuestionario con el alumno correspondiente".
