Sería necesario ir más allá del sobreseimiento, evitando que puedan volver a darse más situaciones como estas por las denuncias caprichosas de unas asociaciones que, ha quedado demostrado, pretendían dar una visión sesgada y parcial de lo ocurrido con vídeos manipulados que han señalado y puesto en la cuerda floja, a la vista de todo el mundo, a mandos y guardias civiles que únicamente cumplían con su cometido Casi dos años ha estado en entredicho la actuación de la Guardia Civil en la frontera por la decisión de varias asociaciones y oenegés de presentar denuncias contra diversas intervenciones ante intentos de entrada irregulares, no sólo en la valla, sino también en los pasos fronterizos.
Así ocurrió con el caso de los kamikazes, que llevó ante el juez al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y al comandante de la Guardia Civil, Arturo Ortega, que era el jefe accidental de la Comandancia cuando fueron devueltos los 21 inmigrantes que entraron con enorme riesgo y peligro a bordo de coches kamikazes por las fronteras de Beni Enzar y Farhana. Aquel caso quedó archivado dos veces, la segunda hace poco más de tres meses, después de que las oenegés y partidos políticos denunciantes presentaran un recurso que la Audiencia Provincial tiró, directamente, a la basura por carecer de una base sólida en la que pudiera sostenerse.
Justo lo que acaba de ocurrir con el archivo definitivo de la causa por la que los guardias civiles que vigilan y controlan la valla ante intentos de su vulneración fueron imputados como consecuencia de la denuncia de varias asociaciones que buscan (supuestamente) la defensa de los Derechos Humanos. Como ocurrió con los kamikazes, este caso ya fue archivado, pero las oenegés insistieron en su objetivo de mantener esa duda sobre la Guardia Civil y recurrieron en vano, porque nuevamente la Audiencia Provincial ha desestimado dicho recurso.
Previamente también quedó archivada la causa por la que estuvo imputado el coronel jefe de la Guardia Civil hasta hace unos meses, Ambrosio Martín Villaseñor, que igualmente tuvo que ir a declarar como imputado por la denuncia de estas asociaciones, alguna de las cuales, como el caso de Prodein, ni siquiera han podido cumplimentar las formalidades administrativas requeridas en el juzgado, lo que viene a demostrar lo que muchas veces hemos apuntado desde estas líneas, y es que se trata de ¿asociaciones? pseudofantasmas y unipersonales que sólo buscan hacer ruido y mucho protagonismo.
En definitiva, nos encontramos con tres archivos que han dado carpetazo a las denuncias de unas entidades que han causado un enorme perjuicio por poner la duda sobre una institución, la Guardia Civil, que únicamente se ha dedicado a cumplir con el mandato constitucional de custodiar la frontera española para seguridad de todos. Denuncias que no han servido para nada, como así determina la Justicia decretando su archivo, aunque otro órgano judicial sí les diera coba en primera instancia, según la Audiencia Provincial, marcado por «una serie de irregularidades» que han quedado plasmadas en el auto y de las que no se sabe qué consecuencias podría tener.
Es grave lo ocurrido y no debería quedar simplemente negro sobre blanco en un auto judicial. Estos tres casos que hemos enumerado, que tanta incertidumbre han creado durante cerca de dos años en toda una institución como la Guardia Civil y la seguridad fronteriza de toda una ciudad como Melilla, deben servir para que haya consecuencias. Sería necesario ir más allá del sobreseimiento, evitando que puedan volver a darse más situaciones como estas por las denuncias caprichosas de unas asociaciones que, ha quedado demostrado, pretendían dar una visión sesgada y parcial de lo ocurrido con vídeos manipulados que han señalado y puesto en la cuerda floja, a la vista de todo el mundo, a mandos y guardias civiles que únicamente cumplían con su cometido. Esto no puede volver a repetirse.
