Las organizaciones no gubernamentales Andalucía Acoge, APDH-A, Prodein y SOS Racismo ven "el colmo del absurdo" que la causa contra ocho guardias civiles por maltrato a un migrante en la valla de Melilla que finalmente ha sido archivada, fuese investigada precisamente por la Benemérita con un informe "que firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado". En un comunicado, las denunciantes expresan su "rechazo" a esta decisión de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha archivado definitivamente la causa por la que fueron imputados los mencionados ocho guardias civiles en relación a su actuación durante el salto de la valla de Melilla que se produjo el 15 de octubre de 2014, y los golpes que recibió un joven cuando descendía del enrejado, en una escena recogida en vídeo por la ONG Prodein.
Según afirman, el modo en que se ha desarrollado todo el procedimiento "ha puesto de relieve una escasa voluntad política, administrativa y, en última instancia, judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en su caso".
"Resulta particularmente grave que no se hayan*tenido en cuenta cuestiones esenciales, como “las pruebas solicitadas por la acusación que no se han llevado a cabo, como informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador", dicen las organizaciones.
En su opinión, la actuación judicial "no ha servido" para aclarar lo que realmente sucedió el 14 de octubre de 2014 en la valla fronteriza de Melilla. "Por el contrario, y en el colmo del absurdo, la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil y la firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado", dice el comunicado.
Para las ONG, las pruebas que aportaron al juicio y que no fueron consideradas por la Audiencia Provincial, "demuestran sobradamente que las fuerzas de seguridad, cuya obligación era haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata de las personas inmigrantes afectadas, facilitando su transporte a un centro de salud, por el contrario, les proporcionaron un trato degradante en el que claramente se vieron violados sus derechos humanos".
Entienden así que el archivo de la causa "no contribuye a garantizar por parte de la administración y de las fuerzas de seguridad el respeto de los Derechos Humanos en la frontera sur", objeto que está siendo investigado por tratos degradantes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
