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La Ciudad estudia medidas para que el 40% de la bonificación a la SS llegue a los trabajadores

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(Autor: Guerrero)

El acuerdo que en diciembre de 2012 firmaron la patronal y los sindicatos para que las empresas compartieran con los trabajadores el 40% de las bonificaciones a la Seguridad Social no ha contribuido para solucionar la polémica que este asunto ha creado entre ambas partes desde que esta ventaja fiscal, aprobada por el último Gobierno de Aznar y mejorada por el de Zapatero. Lejos de ello, en los últimos cuatro años se ha dado una “permanente conflictividad de tipo judicial” entre empresas y trabajadores a la que la Ciudad Autónoma quiere poner fin. Para ello, ha anunciado que va a estudiar varias medidas para que se pueda cumplir “la función social” de esta bonificación, las cuales podrían dar su fruto en cuestión de un par de meses, aproximadamente.

Según explicó ayer el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, el Gobierno local cree que “ha llegado el momento de intentar actuar” para “contribuir” a que se cumpla “la función social” de esta bonificación. Para ello, el Consejo de Gobierno estuvo debatiendo ayer al respecto sobre la conveniencia de intervenir en un asunto que ha sido objeto de “polémica” durante años, al comprobar que “es imposible que el tema se solucione de manera pacífica”.
Conesa admitió que el acuerdo entre patronal y sindicatos no constituye una exigencia legal y ha dado lugar a una “permanente conflictividad de tipo judicial” que unas veces se ha resuelto a favor de los trabajadores que han presentado la demanda, y otras a favor de las empresas.
A juicio de Conesa, el reparto de la bonificación con los trabajadores es “algo de justicia”, aunque corresponda a un concepto que afecta sólo a la empresa, un argumento al que se han aferrado algunas para no abonar el 40% en las nóminas de sus empleados, entre las que se encuentran varias que trabajan para la Ciudad Autónoma por la adjudicación de contratos públicos relativos a servicios.

Dos vías
Para conseguir el objetivo, el Gobierno melillense va a explorar la posibilidad de que el futuro Gobierno central pueda impulsar modificaciones en la norma estatal de la Seguridad Social que permitan que el reparto de las bonificaciones sea obligatoria por Ley, una opción que entiende “complicada” y que será explorada “a medio plazo”.
Por otro lado, la Ciudad Autónoma ha encargado a la Consejería de Economía y Empleo un estudio para buscar fórmulas que permitan cambiar los pliegos de condiciones que regulan los contratos de servicios públicos para que este reparto figure como una de las exigencias, a ser posible con carácter excluyente o, al menos, para primar a las empresas que lo hagan con una mejor valoración en el concurso de adjudicación.
Conesa defendió esta última opción, a sabiendas de que es “un tema peliagudo” por ser la contratación pública un ámbito “milimétricamente regulado por Ley”, ya que las empresas que no reparten la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social con su plantilla parten con ventaja en un concurso de adjudicación respecto de las que no hacen dicho reparto. No se podría calificar, dijo, como “una competencia desleal”, pero sí señaló que las empresas que se quedan con toda la bonificación “se aprovechan de algo que se hizo para beneficio de las empresas y para que los trabajadores también obtuvieran parte de ese beneficio”.
La intención de este estudio jurídico que va a encargar la Ciudad Autónoma es ver si legalmente es posible establecer condiciones en los pliegos de contratación en este sentido sin que puedan ser objeto de impugnación o paralización de los concursos de adjudicación. “Queremos estar muy seguros antes de hacer nada para ayudar a que se cumpla ese fin social de la modificación legal que se hizo”, señaló Conesa.

Contratación de trabajadores de Melilla

Respecto a la posibilidad de que también se pueda primar en las adjudicaciones la contratación de personas de Melilla, como reclaman algunas voces, Conesa mostró sus dudas. “La contratación no puede ser discriminatoria”, recordó el portavoz al señalar que no se puede constitucional exigir a las empresas a qué personas debe tener en sus plantillas. No obstante, reconoció que sería “estupendo” poder encontrar alguna fórmula para primarlo, aunque “es difícil por más vueltas que se le da”.

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Redacción

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