Populares en Libertad (PPL) pidió ayer al coordinador de Ciudadanos (C’s), Eduardo de Castro, que presente su dimisión como portavoz de la formación naranja en la Asamblea “por su denuncia falsa y tendenciosa y por su mala fe” en todo el asunto relativo al nombramiento de la directora gerente del Instituto de las Culturas, María del Carmen Pardos. En una nota de prensa, el presidente de PPL, Ignacio Velázquez, exigió de esta manera a De Castro que “sea valiente” y “lo mismo que exigió la dimisión de la consejera de Presidencia y Salud Pública si la Fiscalía observaba algún tipo de indicio delictivo, él sea capaz de asumir su responsabilidad política y presente su dimisión”.
Sin embargo, Velázquez dijo que le llama la atención es que De Castro “continúe afirmando que el nombramiento de María del Carmen Pardos, a pesar de lo que dice la Fiscalía, esté mal hecho y siga reafirmándose en su tozudez política”. “Esto, una vez más, demuestra la obsesión que tiene De Castro hacia todo lo que tenga que ver con PPL”, agregó.
Asimismo, arremetió contra De Castro por decir que la denuncia fue presentada por la exdiputada de Ciudadanos, María Dolores Martínez. Para Velázquez, esto es “cobardía política” y supone “esconderse” tras su antigua compañera para no asumir su responsabilidad política en este asunto.
El presidente de PPL salió así en defensa de la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, y mostró su “enorme satisfacción” por el archivo de la denuncia que presentó el grupo de C’s contra ella.
“No iba a ningún lado”
Velázquez afirmó que “desde un principio sabíamos que esa denuncia no iba a ningún lado, ya que el nombramiento estaba dentro de la más estricta legalidad”. Para el líder de PPL, el archivo de esta denuncia supone “un varapalo para Eduardo de Castro, al que se le repitió por activa y por pasiva que habían cometido un error garrafal denunciando a la consejera, con el único fin de utilizar una falsa denuncia como arma arrojadiza contra ella”.
Ignacio Velázquez remarca que “la denuncia en Fiscalía se presentó en octubre, pero previamente presentaron un recurso de reposición que no tuvieron la delicadeza de esperar a que finalizara sus trámites”. “Con este recurso”, prosigue Velázquez, “el asunto se habría tratado en base a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pero al llevar el asunto a la Fiscalía demostraron mala fe y la utilización de la justicia de manera torticera y desleal, con el único fin de criminalizar la acción del Gobierno y utilizar una falsa denuncia en el debate político”.
