Coalición por Melilla (CPM) aprovechó ayer el Pleno de Control al Gobierno para plantear la necesidad de crear una comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local que siguen en marcha, actualmente en fase de formación, para adjudicar 10 plazas de agentes en este cuerpo de seguridad. Cree que es necesario porque se han podido vulnerar derechos constitucionales, además de las propias bases de la convocatoria, debido a los “interrogatorios vejatorios” que han denunciado algunos de los opositores durante las pruebas psicotécnicas. En palabras del presidente cepemista, Mustafa Aberchán, los dos psicólogos que se encargaron de las pruebas, procedentes de la Policía Nacional, merecen “en el peor de los casos una denuncia por apología del racismo”, por plantear preguntas refiriéndose a la comunidad musulmana y los ciudadanos marroquíes en tono despectivo y con insultos.
De las seis interpelaciones presentadas ayer por la oposición en el último Pleno de Control al Gobierno antes de las próximas elecciones generales, ésta fue la que única que se desarrolló con cierta tensión, aunque sin que llegara la sangre al río en el debate entre Aberchán y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa. Éste, no obstante, terminó pidiendo “prudencia” al líder de la oposición, al que acusó de expresarse con un “alto grado de irresponsabilidad” por atribuir arbitrariedad a los miembros del tribunal de oposiciones, lo que “puede tener carácter acusatorio de tipo penal”.
El tribunal de oposiciones
Conesa se refería así a la afirmación de Aberchán respecto a que se han “vulnerado con toda claridad” algunas de las bases de las oposiciones durante el desarrollo de las pruebas, además de una “vulneración de derechos fundamentales”, de lo que había una “constancia muy clara entre los miembros del tribunal”.
El consejero recordó que el tribunal lo forman ocho funcionarios de la Ciudad Autónoma, entre ellos dos licenciados en Derecho y seis agentes de la Policía Local, que tienen consideración de autoridad. Por eso, aunque Conesa admitió que se pueden equivocar, puntualizó que lo que estaba haciendo Aberchán era acusarlos de adoptar “decisiones administrativas ilegales a sabiendas”, lo que es una prevaricación, es decir, “una acusación de tipo delictivo” para estos empleados públicos.
Pero donde más hincapié hizo Aberchán fue en el interrogatorio de los dos psicólogos de la Policía Nacional contratados por la Ciudad Autónoma para hacer las pruebas psicotécnicas, ya que se han registrado denuncias de opositores quejándose de “preguntas vejatorias” sobre el origen del entrevistado, en las que se aludía a los musulmanes en tono despectivo, y en las que cuestionaban el derecho o interés de un soldado a presentarse a estas oposiciones.
Según el presidente de CPM, el Gobierno local debería haber “actuado con contundencia inmediata” porque esas preguntas suponen una “vulneración de derechos constitucionales” recogidos en el artículo 14 de la Carta Magna. Y dijo que si esto es cierto, quienes hayan callado ante esto son “unos impresentables”.
Recursos
Conesa respondió que estas preguntas están siendo objeto de estudio porque se encuentran en algunos de los recursos presentados. “Si alguno tiene razón, se le va a dar”, aseguró el consejero, que no obstante, aludió a que estas pruebas psicotécnicas tienen “un objetivo determinado” y de ahí posiblemente venga ese “contenido que puede parecernos fuerte”, aunque recordó que quienes hacen estas pruebas son “profesionales expertos”.
El consejero incidió varias veces en la necesidad de esperar a que se resuelvan los recursos que se han presentado, sobre los que la Administración actuará en consecuencia, adoptando las medidas legales que procedan si se han dado errores o irregularidades, o continuando con el proceso selectivo en caso de que no. “Estamos siguiendo escrupulosamente los procedimientos”, aseguró Conesa, casi convencido de que sea cual sea la decisión final, los casos terminarán en la vía contenciosa.
De todos modos, acusó a Aberchán de hacer “un flaco favor” al desarrollo de las oposiciones, dirigidas por un tribunal que “actúa con absoluta independencia”. Por eso negó que se vaya a crear la comisión de investigación que pedía CPM, pues eso supondría “irrumpir” en el proceso que podría dar lugar a problemas.
El presidente cepemista dijo no quedarse convencido con las palabras de Conesa, ya que entre los eliminados hay aspirantes situados en los puestos 2, 7 o 9 de los 22 que llegaron a las pruebas psicológicas, en las que “quedaron justo 10” para 10 plazas. Por ello, insistió en investigar lo ocurrido en el seno de la Asamblea, dado que poner en marcha estas oposiciones es una decisión política, aunque Conesa le recordó que este Gobierno local ha adoptado numerosas medidas encaminadas a dar más transparencia y objetividad en las convocatorias de acceso al empleo público.
