Todo lo que ha ocurrido en torno al Hospital Universitario debería servir como ejemplo de lo que no debe ocurrir nunca en ninguna administración pública, porque los enredos de una mala gestión administrativa, como la que hizo el anterior Gobierno del PSOE, conducen a nefastas consecuencias para los ciudadanos La Sanidad y la Educación son, probablemente, los servicios públicos que más importan a los ciudadanos. De ellos dependen el futuro de las generaciones venideras y la salud de quienes más queremos. En definitiva, los pilares básicos del Estado de Bienestar que todos los españoles han ido construyendo a base de tanto esfuerzo con el paso de los años. Mientras el resto de regiones tienen transferidas esas competencias a las administraciones autonómicas, cuya gestión es más cercana a los problemas de los ciudadanos junto con la de los ayuntamientos, Ceuta y Melilla son las únicas autonomías que carecen de competencias educativas y sanitarias. Su gestión depende del Estado, y aunque la posible transferencia o cogestión ha estado sobre la mesa de debate en algunos momentos en estos últimos años, no parece que la situación actual vaya a cambiar a corto o medio plazo. Ni siquiera en el largo, dadas las enormes distancias que hay entre unos partidos y otros al respecto.
El hecho de no tener la responsabilidad directa de la Sanidad y Educación no ha privado a la Ciudad Autónoma de involucrarse en estos ámbitos, hasta el punto de mostrar su desacuerdo con el Ejecutivo central en cuestiones puntuales aun siendo del mismo color político. Ya pasó hace un año con los minicontratos, en los que Imbroda medió para poner fin a aquella práctica laboral descarada contra los intereses de los trabajadores. En estas últimas semanas ha vuelto a ocurrir con la oferta pública de empleo, que ha puesto en pie de guerra al personal sanitario de nuestra ciudad, provocando incluso que el PP emitiera una nota de prensa advirtiendo al Ministerio de Sanidad que no iba a permitir traslados de los trabajadores del Hospital Comarcal por culpa de un concurso de movilidad que en las últimas semanas ha creado una sensación de incertidumbre a una plantilla que ya sufre de por sí difíciles condiciones laborales por la endémica presión asistencial, sumada al aumento de la población y la escasez de personal.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, mostró ayer una predisposición de su departamento a poner solución a estos problemas con el anuncio de una inminente contratación de 18 nuevos profesionales, que reforzarán a la plantilla actual a partir del mes que viene, y a los que se sumarán las 100 plazas de la Oferta Pública de Empleo, que se realizará «desde el diálogo y el consenso». El ministro también admitió esa presión asistencial, a la que contribuye nuestra condición fronteriza con Marruecos, aunque pocas luces arrojó sobre las obras del Hospital Universitario, salvo mostrar su esperanza de que puedan desbloquearse este año.
El reinicio y la finalización de este proyecto, tan necesario y anhelado por la población debido a las condiciones en que se encuentra el Hospital Comarcal, son toda una incógnita. Depende de lo que diga un juzgado respecto a la adjudicación de la dirección técnica, como ya ocurrió anteriormente con los desencuentros entre la Administración sanitaria y la empresa adjudicataria a propósito del proyecto modificado aprobado por el anterior Gobierno socialista sin trámites administrativos. Lo lamentable de todo esto es que un asunto que preocupa a los ciudadanos haya sido utilizado como un arma arrojadiza de manera recurrente durante los últimos años entre los partidos políticos.
El último ejemplo nos lo dio el martes el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, al reprochar al Gobierno del PP la «parálisis» con el Hospital Universitario, sin mencionar siquiera que el asunto está en los juzgados como consecuencia de una mala gestión administrativa realizada por el anterior Gobierno del PSOE, plasmada en autos judiciales. Ya lo hemos mencionado alguna vez en estas mismas líneas, todo lo que ha ocurrido en torno a esta obra debería servir como ejemplo de lo que no debe ocurrir nunca en ninguna administración pública, porque los enredos de una mala gestión administrativa conducen a nefastas consecuencias para los ciudadanos, que ven cómo una obra tan necesaria para Melilla lleva cuatro años parada, sin previsión de reinicio, mientras los supuestos responsables, encima, sacan pecho y utilizan el asunto como arma política en esta antesala electoral.
