La Asociación Afectados por Hacienda, constituida por los cientos de funcionarios con destino en Ceuta que han sido expedientados por la Agencia Tributaria alegando que no viven en la ciudad autónoma los 183 días al año que considera mínimo indispensable para beneficiarse de la deducción del 50 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se aplica a los residentes, ha informado este miércoles de la presentación de otra querella criminal contra el responsable de la oficina de gestión local por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Desde la asociación se ha cifrado en "más de 300" el número de empleados públicos que han sido expedientados desde 2013 en el marco de una "persecución" en la que "los residentes en Ceuta son ubicados en cualquier lugar de la península sin atender a dónde se encuentran empadronados, dónde trabajan o dónde tienen un contrato de alquiler".
La entidad asociativa ha indicado que la Administración se centró primero en los funcionarios de Prisiones y los efectivos de la Policía Nacional, pasando después al personal de la Guardia Civil, al sanitario, a los miembros de las Fuerzas Armadas y la plantilla del Ministerio de Justicia.
'Afectados por Hacienda' ha denunciado que, "sin posibilidad de defenderse", los expedientados reciben una liquidación provisional en su contra que, de media, se eleva a 5.500 euros "con una sanción equivalente al 50 por ciento de esa cantidad". "Cuando pagan antes de ser embargados empiezan a recoger idénticas notificaciones sobre los otros tres ejercicios a los que puede remontarse la Agencia Tributaria, con lo que las familias deben hacer frente de golpe a pagos de hasta 30.000 euros", han resumido portavoces de la asociación, que este jueves saldrá por primera vez a la calle para mostrar su disconformidad ante la Delegación del Gobierno en Ceuta.
