La Guardia Civil de Ceuta aplicó “el protocolo” ayer a primera hora de la tarde, poco antes de las 15.00 horas, devolviendo a Marruecos a un inmigrante de origen subsahariano que había pasado 30 horas encaramado a lo alto del vallado fronterizo de seis metros de altura de la ciudad hermana. Los guardias civiles desplegados en la zona apreciaron que “no se encontraba en mal estado de salud” y expulsaron al país vecino al indocumentado sin requerir la presencia del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el encargado de revisar a todos los extranjeros que acceden irregularmente a la localidad norteafricana.
El Instituto Armado ha obrado con este inmigrante como hizo a las 3.00 horas de este viernes con las otras dos personas que se habían subido a la valla con él a las 9.00 horas del jueves. Previamente, a medianoche, pero en este caso directamente a suelo marroquí, había renunciado a su intento de salto el cuarto migrante que participaba de él. Según la Benemérita, se desconoce tanto la nacionalidad como las circunstancias personales de todos ellos.
Bomberos
Durante la mañana de este jueves la Guardia Civil sí reclamó la presencia del ERIE de la institución humanitaria en el perímetro fronterizo. También, según la Benemérita, se pidió apoyo del Cuerpo de Bomberos para intentar facilitar el descenso de los inmigrantes.
Esta es la primera vez que el Instituto Armado reconoce expresamente la aplicación en Ceuta de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, que establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Durante las últimas semanas han sido varios los inmigrantes que, por sufrir cortes o deshidratación, se han quedado en territorio nacional para ingresar en el CETI local después de encaramarse a lo alto del vallado fronterizo. La Delegación del Gobierno siempre se ha negado a dar cifras sobre cuántos ‘rechazos en frontera’ se han ejecutado desde marzo del año pasado, cuando entró en vigor la legalización de las ‘devoluciones en caliente’.
