El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo de manera definitiva a los expedientes que había abierto sobre la actuación de la Ciudad Autónoma de Melilla en el ejercicio de 2012, sobre los que ya había decretado su archivo provisional el pasado mes de abril. El Consejo de Gobierno de Melilla tuvo ayer conocimiento de esta decisión del órgano fiscalizador, que sigue los mismos pasos que ya dio el mes pasado con los expedientes que había abierto al analizar los ejercicios de 2010 y 2011. Según informó ayer a MELILLA HOY el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, con este archivo definitivo de las causas de 2012, que se suma al que ya hubo de 2010 y 2011, “ya no hay nada pendiente de esos años” relativo a la Ciudad Autónoma en el Tribunal de Cuentas.
Este archivo definitivo se produce casi tres meses después de que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decretara el archivo provisional de los expedientes al considerar que no se produjeron irregularidades ni procede exigir responsabilidades a funcionarios o políticos de esta administración pública, dando por cerrada la liquidación del ejercicio económico de hace cuatro años.
El Tribunal de Cuentas acepta de este modo las alegaciones de la Ciudad Autónoma sobre los expedientes. Uno de ellos se refería al contrato de la Ciudad Autónoma con la empresa Getyr, que colabora con esta administración pública en la gestión tributaria y la recaudación de tributos y otros ingresos, un asunto que ya ha supuesto la apertura de otros expedientes en la fiscalización del Tribunal de Cuentas de ejercicios anteriores y todos han sido archivados, el último el mes pasado respecto a los ejercicios de 2010 y 2011.
En el archivo provisional, el Tribunal de Cuentas apuntaba que “no cabe apreciar la concurrencia de un elemento material de daño a los caudales públicos”.
El otro caso de 2012 afectaba al pago que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la anterior legislatura ordenó un pago de 577.000 euros a una cooperativa y aunque el Tribunal de Cuentas dijo que no constaba la existencia de un contrato en vigor durante el año 2012, finalmente no puso en duda la prestación del servicio ni apreció que se haya producido un menoscabo a los fondos públicos.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas considera que no cabe la exigencia de responsabilidades económicas a los funcionarios que han intervenido en la tramitación de estos pagos o contrataciones y da por terminada la liquidación provisional del ejercicio 2012.
