El Pleno de la Asamblea adjudicaba a la empresa Cubiertas la reconstrucción de la Muralla de Levante de Melilla la Vieja por un importe superior a los 172 millones de pesetas, según el acuerdo suscrito por el PP y la UPM, con la abstención de CPM y PSOE.
El Defensor del Pueblo solicitaba la colaboración del Ministerio Fiscal en la investigación de los inmigrantes expulsados de Melilla; pedía su colaboración como una medida tendente a determinar con exactitud si habían sido respetadas las garantías previstas en el título I de la Constitución a todas las personas expulsadas y devueltas de Melilla. También pedía al Ministerio del Interior que le mostrase los expedientes de los 103 inmigrantes que fueron detenidos en Melilla.
