El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 ha emitido sentencia absolutaria sobre el que era jefe de sección de Relaciones Laborales de la Ciudad Autónoma en 2007, cuando se contrató de forma presuntamente irregular a un arquitecto. Por dicha contratación, se le investigaba al funcionario y al que era consejero de Administraciones Públicas en aquel momento, Miguel Marín, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Marín, que continuará como investigado en el procedimiento judicial siempre ha defendido su inocencia apoyándose en una sentencia en firme del Juzgado de lo Social y un informe del Consejo de Estado que avala dicha contratación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 ha emitido sentencia absolutoria sobre el que era jefe de sección de Relaciones Labores de la Ciudad Autónoma en 2007 por la presunta contratación irregular de un arquitecto, según ha podido confirmar este diario por fuentes cercanas al caso.
El conocido como 'Caso Arquitecto', en el que continuará implicado el que era consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, consistió en la firma de un contrato de trabajo con un arquitecto de interinidad y duración determinada en la categoría laboral de arquitecto superior. Este contrato, se llevaba a cabo con el fin de cubrir la baja del arquitecto titular.
Cuando finalizó el periodo de baja, el arquitecto titular se incorporó a su trabajo, y el profesional interino, en vez de cesar, continuó hasta dos meses después. Pasado este tiempo, Marín firmó de mutuo acuerdo con el arquitecto interino, el cese voluntario de éste un 31 de junio. Al día siguiente, volvió a contratarlo para cubrir el puesto de trabajo de un arquitecto superior hasta su provisión definitiva, vacante por jubilación de otro profesional.
El funcionario, que también estaba acusado de un delito de prevaricación administrativa, era el que redactaba y gestionaba dichos contratos, motivo por el que la propia Fiscalía también lo implicó como investigado.
Según señala el auto que finalmente desestimó el recurso de Marín que pidía su absolución, de dicha contratación, se desprende "una aparente desviación de poder (presuntamente prevaricadora), consistente en buscar la contratación de una concreta persona, para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública sin cumplir la normativa prevista para su provisión".
Aún así, Marín, actualmente presidente de la Autoridad Portuaria, siempre ha defendido su inocencia y lo ha desvinculado de un caso de corrupción. Y es que en más de una ocasión ha mostrado un informe del Consejo de Estado que indica que el contrato "no tiene vicios de nulidad", toda vez, que una sentencia del Juzgado de lo Social que avala el contrato realizado.
