El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, reflejaba a través de una carta en esta semana a España la falta de un protocolo para las fuerzas policiales en Ceuta y Melilla que ponga fin a los rechazos en frontera de los inmigrantes que intentan saltar la valla. A su vez, la representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Francesca Friz-Prguda, se alzaba en contra de dichas prácticas y aseguraba en una entrevista con Europa Press que “devolver a una persona a otro país sin identificarla primero, no es legal ni ahora con la reforma de la Ley de Extranjería, ni lo era antes de que existiera”. MELILLA HOY entrevista al abogado melillense, Antonio Zapata, con motivo de su intervención sobre las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ en el XXVI Encuentro de la Abogacía sobre derecho de extranjería y asilo para explicar algunas de las conclusiones del congreso. "Que no exista actuación delictiva en las devoluciones en caliente, no equivale a que sean legales", explicaba a este diario el abogado melillense Antonio Zapata, quien impartió junto a María Valles, delegada de Acnur en Ceuta y Melilla y el periodista Antonio Ruiz, el taller sobre los rechazos en frontera en el XXVI Encuentro de la Abogacía sobre derecho de extranjería y asilo.
El abogado asegura que desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se sigue manteniendo que "las devoluciones en caliente son contrarias al ordenamiento jurídico", dado que "reviste apariencia de inconstitucionalidad".
Y es que recuerda que la disposición final Primera de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana "está sometida a un recurso de inconstitucionalidad, -suscrita por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que aprobó al citada ley-".
En esta línea, apuntó, que esta legislación añadía una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, que podría suponer "la posible vulneración de algunos derechos también fundamentales", por lo que asegura que desde la abogacía estén "expectantes a la resolución del Tribunal Constitucional".
Por otro lado, apuntó que las devoluciones en caliente, tal y como se encarga constantemente de repetir Acnur y el Consejo de Europa, "son contrarias también a la legalidad internacional de los convenios que tiene suscrito el Reino de España".
Resoluciones en los tribunales
Aún así, el abogado melillense recordaba que actualmente existe ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "ya en proceso dos demandas contra el Estado español, que cuestionan esta práctica habitual del estado español. Son los casos de N.D. y N.T.".
En este sentido, Zapata apuntó que "la actualidad de esta situación se vuelve a poner de manifiesto nuevamente por los últimos intentos de entrada masiva de gran número de inmigrantes", los cuales, sostiene "han supuesto un nuevo pronunciamiento del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks”.
Del mismo modo, destaca que los autos de archivo de las causas archivadas en Melilla sobre las 'devoluciones en caliente' emitidas por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla "exponen de manera clara que las actuaciones materiales de expulsión no revisten carácter delictivo, pero también se lee claramente que podrán ser otra calificación aunque no penal".
Zapata apunta que estos autos "dejan abierta, en uno de los casos, la indicación de reclamación ante instancias internacionales porque hay que buscar la responsabilidad del Estado español en la utilización de esos mecanismos que, sostiene Zapata, ahora quedan amparados bajo las reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana".
Sin embargo, advierte de que a pesar de este amparo, la norma "obvia la posibilidad material de ejercicio de derechos que son fundamentales por las personas migrantes que intentan entrar a través de la valla". Entre ellas, la "imposibilidad de la asistencia jurídica, como un ejercicio de derechos que corresponden a toda persona por el simple hecho de ser".
Respuestas “racionales y proporcionales”
Ante esta situación, el abogado melillense, Antonio Zapata, considera que "se debe exigir a los políticos que gestionen los movimientos migratorios junto con los actores implicados en el control de la frontera". Al mismo tiempo, apunta que dicha gestión, debe ser siempre "racional y proporcional".El letrado asegura que la inmigración, aunque sea la irregular, "no podemos presentarla como algo de lo que tenemos que estar a salvo".
Y es que los flujos migratorios, sostiene, "no constituye una amenaza, sino un problema que debe tener otras respuestas solidarias, de cooperación al desarrollo, asistenciales, sanitarias, en definitiva, humanitarias y no solo policiales, como si se tratase de una amenaza a la población o a la seguridad nacional". "Mal se plantea la cuestión del control de fronteras en supuestos de flujos mixtos migratorios, si lo planteamos desde una respuesta desde la seguridad, de la que debamos estar a salvo", insiste el abogado melillense.
Tratamiento individual
Ante estas circunstancias, Zapata asegura que "las garantías desde el derecho", deben observarse "también en los supuestos de saltos masivos, donde no cabe un tratamiento grupal o colectivo, sino que resulta necesario y obligatorio, según entre otras la Convención Europea de Derechos Humanos , el tratamiento personal y singularizado de cada persona migrante", con el fin de atenderlos.
No solo eso, apunta el abogado sino que las expulsiones sumarias "están prohibidas expresamente en el Convenio de Derechos Humanos y además se vulnera el derecho a un recurso efectivo, que también se garantiza para los procesos de expulsión".
Confusiones ante una respuesta de la Comisión Europea
El abogado explica la confusión que creó la respuesta del Comisario de Interior y Migraciones, Dimitris Avramopoulo, sobre la que la Abogacía y la Subcomisión de Extranjería, ACNUR y el Consejo de Europa se han manifestado.
Zapata asegura que ésta "no avala las devoluciones en caliente y presenta a las personas que intentan salvar la valla con posibilidades de acceder a la Oficina de Asilo". Sin embargo, relata el letrado, el comisario "obvia el férreo control y muy eficaz que realiza Marruecos respecto de los subsaharianos que tratan de acercarse a la frontera marroquí". "Por eso es ineficaz e imposible que se acerquen hasta las Oficinas de Asilo", explica.
Estas circunstancias, señala Zapata, hace que con mayor importancia las personas que saltan la valla "deban exponer su situación personal". Y es que algunas de ellas "llegan de países donde hay guerras o persecuciones por cualquiera de los motivos que se establecen en la Convención de Ginebra".
Revisión del acuerdo bilateral con el Reino de Marruecos
El taller llevado a cabo por la abogacía en el marco del Congreso, además de dejar latente el rechazo a la disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, y la introducción de la disposición adicional décima de la Ley de derechos y libertades de los Extranjeros, pide una revisión del Acuerdo Bilateral con el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, "como forma de ejecución de las medidas de expulsión".
Otro de los resultados fue, el de hacer entrega al Ministerio del Interior del Protocolo de Actuación letrada de Supuestos de Entradas Masivas, todo ello con el fin de que "se dicte un protocolo de actuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado ante los supuesto de entradas masivas".
Además, este taller dio lugar a que el CGAE exigiera el "respeto del derecho de acceso a las Oficinas de Asilo de las personas susceptibles de protección internacional, cualesquiera que sea su origen nacional y la creación de los mecanismos que sean precisos o necesarios para ello".
