Este diecisiete de julio se cumple el ochenta aniversario del inicio de la última de las guerras civiles españolas. Organizada una sublevación militar contra la Constitución y el Estado republicano por los mandos militares de los cuerpos del ejército colonial en Marruecos, alentada por los sectores mas reaccionarios del país, y apoyada internacionalmente por el eje nazi-fascista, la resistencia de la mayoría del pueblo español hizo que lo que estaba concebido como un rápido golpe de Estado se convirtiera en una larga guerra civil, que duró tres años.
El fin de la guerra fue el principio de una de las etapas más negras de la Historia de España, pues provocó el éxodo de cientos de miles de españoles, entre los que se encontraba la flor y nata de la intelectualidad y la cultura; también se abrieron las fosas comunes para miles de asesinados de los cuales, aún hoy, más de cien mil no han recibido una sepultura digna, algo que sólo ocurre en España y en Camboya.
El régimen político que ocupó este período de treinta y ocho años se caracterizó por la persecución de las minorías religiosas, de la oposición política, la cultura libre, la homosexualidad, y de todos aquellos no adictos a un régimen que tenía «por destino lo universal» y sólo respondía «ante Dios y ante la Historia». También se caracterizó por la discriminación de la mujer, que era adoctrinada desde la infancia para ser sierva del hombre.
Y, en efecto, no respondió por todo el daño que provocó a la sociedad española, ni por las detenciones arbitrarias, las torturas, la cárcel y los asesinatos que se cometieron en su nombre, el de un régimen genocida, que se mantuvo exclusivamente por la represión brutal y el miedo. Ahora está respondiendo ante la Justicia argentina, pues la Justicia española se muestra incapaz de juzgar estos crímenes.
Treinta y nueve años después del fin de este régimen aún quedan secuelas en la sociedad española, a las que ha pretendido poner fin la Ley de la Memoria Histórica; sin embargo, el actual Gobierno de España, heredero del antiguo Régimen, está finiquitándola.
Y quedan muchas asignaturas pendientes, los más de cien mil asesinados, cuyos restos continúan en cunetas y fosas comunes; la anulación de las sentencias injustas, la devolución de los bienes expoliados por el Régimen a sus víctimas. En Melilla tenemos, también, la asignatura de cumplir esta Ley y retirar del callejero los nombres de aquellos personajes, que están en él por haber apoyado al Régimen; así como la retirada de la última estatua pública del dictador genocida, que se mantiene atendiendo a una falaz biografía, creada por sus propagandistas. Ofende a las víctimas y su memoria que nombres ligados a la deslealtad y la traición se mantengan en nuestras calles o, como ha ocurrido recientemente, se coloque una nueva placa con el nombre de uno de éstos en un edificio público del Ministerio de Defensa.
En este tiempo, cuando la amoralidad nuevamente es seña de identidad de la vida pública en nuestro país, es importante recordar a los valientes que dieron su vida, no sólo por fidelidad al Estado republicano, sino, con honor, por su compromiso vital con sus conciudadanos. Los nombres del Padre Jaén, Comandante Virgilio Leret, Comandante en Jefe de la Circunscripción Oriental General de brigada Manuel Romerales Quintero, Comandante en Jefe del Ejército de África Manuel Gómez Morato, Alcalde Antonio Díez Martín, son quizás de los más renombrados, pero fueron muchos los militares, trabajadores, juristas, representantes públicos, etc. que ofrecieron ese testimonio en Melilla.
