El Ministerio del Interior estrenará el viernes oficialmente los nuevos cuestionarios de evaluación policial del riesgo de violencia de género, un protocolo cuya elaboración se anunció en abril de 2014 y que tras una primera fase de pruebas comenzará a funcionar para la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante el 22 de julio. A partir del 1 de agosto se irá extendiendo por todo el territorio nacional hasta quedar implantado en el mes de septiembre, según las previsiones oficiales. Se trata del cuestionario estándar que realizan los agentes a las víctimas que denuncian violencia de género para tratar de medir el peligro que afrontan por culpa de sus agresores. En función de las respuestas a una batería de preguntas tipo test, diagnostican si hay riesgo o no y si éste es bajo, alto o extremo.
El resultado se remite al juez, que lo tiene en cuenta para decidir si dicta o no medidas de protección de la mujer y sus hijos, en caso de haberlos. Según la Ley Integral, debería tener también un informe de una Unidad de Valoración Forense Integral que estudie toda las circunstancias de la víctima, de su entorno y de su agresor, pero estos equipos no están implantados del todo, así que el dictamen policial es a menudo el único que tiene el juzgado.
Cifras
Según los informes sobre víctimas mortales con denuncia previa del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en 2012, sólo cinco de estas mujeres que pese a denunciar acabaron asesinadas pasaron por la evaluación policial de riesgo y sólo en un caso se diagnosticó que el riesgo era "alto". En 2013, fueron 4 las denunciantes evaluadas que terminaron muertas y en ningún caso se apreció que estuviesen en riesgo alto o extremo.
En abril de 2014, los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad anunciaron un cambio de la evaluación policial del riesgo así como del seguimiento de los casos que una vez diagnosticados, se introducen en el sistema informático VIOGEN. El objetivo era tanto afinar la evaluación de las víctimas como proporcionar un mejor seguimiento y mayor protección de cada una de ellas en función de la evolución de cada caso a lo largo del tiempo.
Para ello, el equipo técnico que elaboró el trabajo, un grupo mixto entre fuerzas policiales y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, revisó los criterios que se estaban utilizando tanto para la primera evaluación de las víctimas como para el seguimiento de los casos, eliminó algunos ítems, introdujo otros nuevos y a finales del año pasado comenzó a testarlos para contrastar su fiabilidad.
