La Ciudad Autónoma ha ordenado el cierre de tres emisoras de radio que llevan tiempo emitiendo sin licencia, Cablemel Radio, Radio María y Radio Adventista. Según explicó ayer la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, no se trata de una decisión política, sino de “una decisión administrativa, puramente, y basada en la legalidad”. “Lo único que hemos hecho desde la Consejería es cumplir estrictamente con la Ley” y a instancias de una orden del Ministerio de Industria, tal y como aclaró Velázquez. De no haberlo hecho, recordó que habría incurrido en un delito de prevaricación administrativa, algo que no está dispuesta a hacer “por nada ni por nadie”. Velázquez, en declaraciones a los periodistas, explicó que esta decisión vino precedida de los dos barridos que hace cada año de oficio el Ministerio de Industria para comprobar si hay emisoras de radio emitiendo sin la preceptiva licencia. En el caso de Melilla, el Ministerio encontró tres emisoras, lo que se une a las denuncias que han presentado algunos medios radiofónicos que sí emiten legalmente.
“Si yo no actúo a instancias de una denuncia privada, la que incurre en un delito soy yo y no voy a cometer ningún tipo de delito”, puntualizó Paz Velázquez. Por ello, la consejería que dirige “se ha visto en la obligación” de tener que avisar a las tres emisoras de la obligación de cesar su actividad, porque en caso contrario, tendrán que empezar a aplicar las sanciones previstas en la Ley, que van desde los 100.000 hasta los 300.000 euros. “Podríamos hacer sancionado directamente con la Ley, pero hemos decidido avisar antes”, señaló.
Velázquez informó de que la orden de cierre fue notificada hace una semana, al tiempo que aclaró que la actuación de la Ciudad Autónoma va a ser igual de “contundente” y con el mismo criterio con las tres emisoras. “Aquí no se va a tener ningún tipo de subjetividad”, afirmó.
Respuesta a las críticas
También respondió a quienes han aprovechado para criticarla por adoptar esta decisión cuando hace un año y medio, desde la oposición, criticó al Gobierno de Imbroda por tomar esta decisión con otras emisoras de radio, entre ellas Radio Vinilo, perteneciente al Grupo Gaselec.
Velázquez dijo que el procedimiento que se ha seguido ahora es el mismo que se hizo entonces, pero que sus críticas estaban hechas desde el desconocimiento. Ahora, como consejera, no ocurre lo mismo porque, según dijo, conoce que todo este asunto se debe a un procedimiento abierto por el Ministerio de Industria.
