Hasta ahora parece confirmado que la defraudación detectada que pudiera revestir actividades delictivas asciende en una primera fase de la investigación a unos 250.000 euros. Y es que cabe recordar que se trataría de una trama en la que se llevarían a cabo empadronamientos presuntamente ficticios como fórmula para obtener permisos de trabajo o residencia, así como, el uso de contratos de trabajos al parecer ficticios, para conseguir los mencionados permisos o determinadas prestaciones. Dicha cantidad mencionada correspondería a unas 180 personas, que en principio se habrían detectado como que habrían sido empadronadas de forma fraudulenta. Delitos contra el derecho de ciudadanos extranjeros, contra el derecho de los trabajadores, contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, estafa y falsificación documental son algunos de las faltas que la Unidad de Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) investiga.
Dichos delitos se desprenden de una trama en la que empresas y asesorías se habrían encargado de coordinar empadronamientos falsos como forma para obtener permisos de trabajo o residencia, así como, para la obtención de dichos documentos el uso de contratos de trabajo aparentemente ficticios para la obtención de prestaciones.
Hasta ahora se ha podido confirmar que al menos la defraudación detectada en materia de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Tesorería General de la Seguridad Social a partir de las altas aparentemente ficticias, es de 250.000 euros en una primera fase de la investigación Todo ello, sin perjuicio de elevarse esta suma tras las reclamaciones que vienen llevando a cabo ambas instituciones.
Dichas cifras corresponderían a unas 180 personas que durante las primeras diligencias practicadas han sido detectadas por las Oficinas del Padrón como que se habrían presuntamente empadronado de forma presuntamente fraudulenta. Además, de estas instituciones la UCRIF trabaja con datos del Consejo de Empadronamiento, que según cifras oficiales retiran a 500 personas cada 3 meses del censo, de entre las que podrían estar las que se habrían empadronado de forma aparentemente delictiva. Estos elementos harían que la cifra pudiera elevarse incluso a un millón de euros, aunque aún se trata de estimaciones.
Declaraciones
Al menos cuatro personas fueron ayer a declarar, entre las que se encuentran el responsable de la primera consultoría registrada, el empleado de ésta y el empresario de congelados con diversas viviendas en propiedad.
Asimismo, según fuentes de la investigación consultadas por este diario, al menos el empleado se ha acogido a su derecho a no declarar y a ninguno se le ha aplicado ninguna medida privativa de libertad. El resto de personas, que presuntamente estarían implicadas y que al menos ascienden a cuatro más, irán a declarar en sede judicial en los próximos meses.
