A pesar de la drástica y polémica actuación gubernativa de la expulsión a distintos países centroafricanos de los 103 inmigrantes subsaharianos que se encontraban en Melilla, el flujo procedente de centroáfrica, seguía cruzando las fronteras de la ciudad. De hecho, ya eran 101, entre subsaharianos y argelinos, los que se atendían por la Ciudad, mientras se resolvían sus peticiones de asilo en España.
Con una enmienda al régimen económico y fiscal, la Ciudad Autónoma intentaba que el Parlamento concediera la desaparición del impuesto especial del tabaco, para recuperar un antiguo privilegio que disfrutaban los residentes en Melilla. Los melillenses, por entonces, se beneficiaban de la exención de los impuestos en hidrocarburos y alcohol.
