La entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería hace casi año y medio no ha contribuido a poner fin a la polémica sobre la actuación de la Guardia Civil en los perímetros fronterizos de Melilla y Ceuta. Tras el último salto a la valla de la ciudad caballa el pasado sábado, y los rechazos en frontera que llevó a cabo el instituto armado, la Defensora del Pueblo emitió un comunicado en el apuntó que “la legislación no permite las devoluciones automáticas sin verificar de forma individualizada las circunstancias de cada persona”. Ayer, la Asociación Pro Guardia Civil fue contundente en su respuesta al asegurar que “la Defensora del Pueblo debería pensar dos veces lo que dice sobre la Guardia Civil”. En una nota de prensa, APROGC insistió en que, si bien la Defensora del Pueblo “no tiene por qué saber de todo, sí es su obligación documentarse antes de pronunciarse”. “El legítimo aspirante a refugiado/asilado no tiene más que solicitarlo en los puestos fronterizos. Algo que la Defensora del Pueblo debe conocer puesto que le pagan por saberlo”, aseveró esta asociación.
APROGC argumentó que el Estado español protege, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, a quienes acceden a un puesto fronterizo y en el denuncian un temor fundado de ser perseguidos. Y así consta, afirma la asociación, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2002 de 27 de febrero de 2002, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad 2994/94 promovido por el Defensor del Pueblo.
Además, recuerda que el amparo o protección del Estado español se cifra conforme al articulo 5.7.3. de la Ley De Asilo, en la permanencia del extranjero en el puesto fronterizo. “Solo en esos precisos y limitados términos autoriza la Ley la entrada provisional en España de extranjeros solicitantes de asilo. Fuera de esas condiciones el solicitante de asilo en frontera carece de todo derecho, ni constitucional ni legal, a entrar o circular por España”, apunta APROGC.
Según esta asociación, las afirmaciones de la Defensora del Pueblo podrían deberse a que “se está dejando manipular por algunas ONG que tienen como objetivo despenalizar el delito que supone ayudar a entrar en España a inmigrantes ilegalmente”.
APROGC ahondó en su postura crítica con la Defensora del Pueblo a través de su perfil de Twitter, donde se llegó a ofrecer a dicha institución “para enseñarle la legislación vigente al respecto”. Además, la entidad insistió en que “la Justicia ya ha dicho a las ONG y a otros que no tienen razón”, y les recomendó que “no insistan más en el error”.
