La letrada Asunción Collado, que actualmente cumple condena por un delito de apropiación indebida, vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Ayer acudió al Juzgado de lo Penal número 2 como procesada de un presunto delito de estafa. El objeto del pleito fue una superficie comercial de la promoción Dalí, por la que el querellante realizó el pago de más de 220.000 euros, aunque nunca llegó a obtener la escritura. Según expuso la acusada, la paralización de la obra por parte de la constructora le llevó a aceptar una serie de pautas abusivas, ya que había vendido anteriormente el 80% de las viviendas. En su declaración afirmó que rescindió verbalmente el contrato con el demandante, por lo que volvió a vender la finca.
Asunción Collado volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados, esta vez en el del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla. La letrada y propietaria de la empresa Lidesur ingresó en prisión hace dos meses para cumplir la condena de seis años por la apropiación indebida de cerca de 220.000 euros de 23 cooperativas de la promoción «Viviendas Melilla 97».
En esta ocasión, la abogada se enfrenta a otra posible condena de cuatro años de prisión por ser la presunta responsable de un delito de estafa. El objeto del pleito fue una finca comercial de la promoción Dalí por la que el querellante pagó más de 220.000 euros, pero nunca llegó a obtener su escritura.
Según la versión de la acusada, los problemas comenzaron cuando la constructora Montesur paralizó las obras de la promoción.
Esta situación le llevó a perder el control de la gestión, según expuso, ya que por aquel entonces había vendido el 80% de las viviendas, según dijo. «Estaba desbordada. Tenía a 80 familias en la calle y a un hombre que me decía que ya no quería la finca», sostuvo Collado. La letrada incidió en que el denunciante le trasladó en repetidas ocasiones que ya no quería el local y lo que pedía era la devolución de su dinero.
Ante esta circunstancia, la propietaria de la promotora testificó que selló un acuerdo verbal con el querellante por el que ella se comprometía a devolverle el dinero del local y a rescindir el contrato. Posteriormente, Lidesur procedió a vender la finca a la constructora, aunque aseguró que «nunca me pagaron nada» por ello.
En declaraciones, Collado reconoció que estaba «pagando caro» el hecho de no haber sacado el proyecto a concurso. Asimismo, afirmó que su única culpa era haber «gestionado mal la crisis». «Nunca reconoceré una doble venta», le dijo al fiscal, al que le aclaró que el contrato con el primer comprador de la finca había sido rescindido verbalmente, por lo que no hubo estafa al efectuar la segunda compraventa.
«Yo quería el local»
La versión del querellante fue bien distinta. Según sostuvo, siempre exigió a Collado que le escriturase el local. Asimismo, afirmó que fue «en la calle» donde se enteró de que Lidesur había vendido el contrato de la finca por la que él ya había entregado más de 200.000 euros a una tercera persona. Además, el denunciante aseguró que la letrada «nunca tuvo la intención de devolverme nada» de lo que él ya había abonado para adquirir el local.
La auxiliar y apoderada de Collado, también en el banquillo de los acusados
La abogada Asunción Collado compartió el banquillo de los acusados con una de las auxiliares administrativas de Lidesur, ya que actuó como apoderada en la segunda venta de la finca objeto de pleito. No obstante, la procesada defendió que ella no tomaba ninguna decisión, sino que firmaba en nombre de la propietaria de la inmobiliaria. “Ella firmaba en mi nombre, pero no tenía potestad para tomar decisiones”, defendió Collado en la vista. Sin embargo, el Ministerio Fiscal también reclamó la pena de cuatro años para la auxiliar administrativa, entendiendo que fue cooperante del presunto delito de estafa.
